31 de agosto 2023 - 10:03

Proyecto Arazatí: Bouvier es interpelado, con acusaciones del Frente Amplio por irregularidades

"Es ilegal e inconstitucional", apuntó el diputado Felipe Carballo, mientras el ministro de Ambiente dijo ser "intelectualmente honesto".

Robert Bouvier, ministro de Ambiente de Uruguay.

Robert Bouvier, ministro de Ambiente de Uruguay.

Medios Públicos

El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, es interpelado este jueves en el Parlamento por el Proyecto Arazatí, donde dijo ser "intelectualmente honesto", ante las acusaciones del diputado interpelante Felipe Carballo (Frente Amplio), quien sostuvo que existen irregularidades, mientras Cabildo Abierto todavía no tiene una decisión tomada y aseguró que aguardará para una resolución respecto de si apoyarán al jerarca o no.

"Vamos a ir al Parlamento con el ánimo de aclarar las dudas que tienen los legisladores y el miembro interpelante en un proceso de una obra que va a ser un hito", expresó Bouvier en la previa, mientras que durante la extensa sesión insistió en su "honestidad intelectual". A su vez, Carballo aseguró que el proyecto "no es el que el país necesita”.

Con una puerta abierta para la moción de censura, Cabildo Abierto todavía no expresó su inclinación respecto al proyecto Arazatí del Gobierno ya que cuestionan que no sea la mejor inversión para el Uruguay dejar en manos de empresas privadas la infraestructura.

Una inversión millonaria

En función de los pliegos, el proyecto supondrá una inversión de 253 millones de dólares, aunque el costo final se sabrá una vez que se conozcan las ofertas. De este total, OSE pagará 52,7 millones de dólares anuales por la disponibilidad de la infraestructura; lo que significa que, al final de los 20 años de contrato previstos, la empresa habrá pagado 950 millones de dólares —según lo votado en el presupuesto del organismo.

En este sentido, según estableció Edgardo Ortuño, director por el Frente Amplio en OSE, la compañía estatal quedará “desfinanciada” por los pagos que deberá afrontar por la iniciativa de la construcción de una nueva planta potabilizadora en San José, el conocido Proyecto Arazatí —o Neptuno—, así como por las obras de saneamiento; debido a que esta serie de importantes gastos “comprometerá seriamente su futuro” e “imposibilitará” la realización de otras obras necesarias en los departamentos del interior del país y del área metropolitana. Un cuestionamiento que toma todavía mayor dimensión en el contexto de la crisis del agua que apenas se comienza a superar en el país.

Según el director del Frente Amplio en OSE, al final de los 5 años de gestión, manteniendo la tarifa sin aumentos y considerando una inversión anual de 70 millones de dólares —el tope establecido por la actual administración— la ejecución de ambas iniciativas privadas supondrá un “déficit y por tanto una necesidad de fondos del entorno de los 1.700 millones de dólares”.

¿Qué pasa con la salinidad?

Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, cuestionó en rueda de prensa la semana pasada – luego de que se le adjudicara al consorcio Aguas de Montevideo el proyecto – la utilidad del mismo. "No estoy convencida de que sea útil porque las pruebas de salinidad que se hicieron en el Río de la Plata a la altura de donde va a estar la toma dieron mal".

En su crítica, la intendenta de Montevideo señaló que “como no es una planta desalinizadora, sino una planta potabilizadora, lo que ellos mismos plantean es construir como una especie de reservorio de agua dulce, pero para eso faltan datos”.

En esa línea se preguntó: “¿Cuántos días de agua salada científicamente se puede prever que hay? ¿Qué continuidad hay entre esos días para saber cuál debe ser la dimensión de ese reservorio?”. “Son detalles del proyecto que me parece que hay que afinar. Es un síntoma más de la falta de rumbo", definió.

Impactos ambientales

Un informe elaborado por la consultora CSI Ingenieros y que fue presentado por OSE ante el Ministerio de Ambiente anticipó que puede ocasionar 93 tipos de impactos ambientales en la zona, de los cuales 27 presentan un "potencial negativo significativo".

El relevamiento deslizó que "necesitan una evaluación específica" y, entre los principales cuestionamientos, marcó que la creación de la laguna artificial contemplada en la iniciativa modificaría "escorrentías superficiales y el régimen hidráulico de cursos de agua", lo cual desencadenaría en "erosiones" de suelo y la potencial "contaminación" de aguas subterráneas, entre otros problemas.

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