Rendición de Cuentas: ¿Cuál fue el resultado de las empresas públicas?

El gobierno presentó el desempeño de las principales empresas del Estado dentro del proyecto presupuestario presentado ayer.

Las empresas públicas de Uruguay tuvieron un cumplimiento general de los objetivos económicos.

Foto: UTE

El gobierno presentó el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas en el Parlamento y, durante la exposición de los motivos, incluyó una evaluación de cumplimiento de metas de las empresas públicas del Estado de Uruguay, la cual registró un comportamiento dispar entre los diferentes organismos.

La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, fue la encargada de ingresar en la Asamblea legislativa el último mensaje presupuestario que puede incluir un aumento del gasto público previo a las elecciones generales del 2024. En ese sentido, la evaluación del rendimiento del sector público fue clave para explicar cómo el gobierno manejó las cuentas del Estado durante el último año y qué pretende hacer en el período venidero.

Al respecto, una sección se dedicó a explicar el desempeño de las empresas públicas a partir del cumplimiento de las metas fijadas para las mismas.

Metas cumplidas y metas por cumplir

Las metas fijadas para cada empresa se impusieron de forma particular, y en función de los objetivos esperados para cada institución, por lo que el resultado de los rendimientos también fue dispar.

Antel, por ejemplo, tuvo 8 metas para cumplir durante el 2022. Del total, lo hizo con cuatro. Los puntos positivos fueron rentabilidad sobre patrimonio, grado de cumplimiento de inversiones con criterio caja, evolución de las vacantes y velocidad promedio de 4G móvil. Tuvo una luz amarilla en reducción de costos operativos en relación al 2019, en términos reales.

Asimismo, la empresa de telefonía tuvo tres metas no cumplidas: resolución de reclamos en menos de 24 horas, resultado global del programa financiero y servicios de datos fijos residenciales. En total, tuvo un nivel de cumplimiento de 50%.

Por su parte, la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado (OSE) —una de las empresas más críticas en los últimos meses por su rol en medio de la crisis del agua— tuvo 19 objetivos y cumplió con apenas ocho. Entre las metas cumplidas estuvieron los gastos en horas extras, la reducción de gastos en personal de confianza del directorio y la eliminación de vacantes.

En contrapartida, y de forma que podría llegar a ser alarmante en el contexto actual, incumplió con 11. Allí estuvieron los reclamos operativos sin agua (en horas), cobertura de agua (en porcentaje de población urbana y población total), inversiones y gastos gestionables, entre otros. El cumplimiento total fue de apenas un 42,1%.

A su vez, la Administración Nacional Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (UTE) cumplió con ocho de las nueve metas marcadas para este año. Entre ellas estuvieron la ejecución de inversiones, rentabilidad, tiempo del corte de energía en horas y frecuencia del corte. Solamente incumplió con la metas de reducción de costos operativos en millones de pesos —muy posiblemente por el aumento en los gastos que debió afrontar para garantizar el suministro eléctrico durante el verano, en medio de lo que se convirtió en la peor sequía del último siglo. En el balance, tuvo un grado de cumplimiento de 88,9%.

En la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland (Ancap), las metas anuales fueron 15 y se cumplió con 12. Entre ellas se destacan el ahorro de gastos gestionables, el costo logístico de abastecimiento de pórtland a las plantas, el resultado global del programa financiero y la compra biocombustibles. La empresa estatal tuvo un grado de cumplimiento del 80%.

Cumplimiento general

En el caso de las empresas públicas, el proyecto señaló que evidenciaron un alto nivel de cumplimiento de los objetivos económicos referidos a los aportes de utilidades a Rentas Generales, nivel de endeudamiento y volumen de inversiones acordados con el Poder Ejecutivo, en línea con los objetivos de la política económica.

A su vez, indicó que las metas de inversión para el ejercicio 2022 fueron acordadas oportunamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) sujeto a los estudios de rentabilidad financiera y económica-social, de acuerdo al régimen del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).