Uruguay sufre la peor sequía del siglo, ¿cuáles son sus consecuencias?

El país se enfrenta a una sequía histórica que afecta a todo el territorio. En medio de una emergencia agropecuaria extendida hasta septiembre y con las reservas de agua potable en situaciones críticas, los efectos negativos siguen acumulándose.

Uruguay se enfrenta a la peor sequía del último siglo.

La sequía parece estar lejos de terminarse en Uruguay, y ya es considerada como la más importante del último siglo. Sin precedentes de que el país viviera un déficit hídrico de estas dimensiones en su historia, las consecuencias negativas siguen sumándose antes de que las autoridades sean capaces de resolver los problemas previos: cosechas arruinadas, falta de agua potable e impacto directo a la economía nacional, los efectos centrales que deja una sequía histórica.

El intenso verano pasó y algunas lluvias dieron la impresión de que, junto a las altas temperaturas, también se iba el déficit hídrico. Sin embargo, dos meses después de que la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado (OSE) alertara por los niveles críticos en sus reservas de agua potable y que muchos departamentos contaran con angustia los días que les quedaban con capacidad de suministro, el escenario no parece ser muy distinto.

El agua, un nuevo problema para los uruguayos

Así como en marzo se temió que las reservas de OSE se agotaran, en esta oportunidad, el organismos estatal decidió aumentar la salinidad del agua potable para intentar estirar lo más posible aquel punto crítico en medio de la peor sequía del último siglo.

La medida fue tomada a fines de abril, cuando el directorio de la empresa estatal aprobó el aumento de la proporción de sodio en la mezcla de agua potable que se distribuye a la población de 200 miligramos por litro a 280 mg/L, mientras que de cloruro pasaron de 280 mg/L a 450 mg/L. A los pocos días, el Ministerio de Salud Pública (MSP) autorizó un nuevo incremento en las medidas, que pasaron a 400 mg/L y 700 mg/L respectivamente.

La normativa actual prevé como techo los 250 mg/L de salinidad, por lo que los niveles actuales están muy por encima. Sin embargo, las autoridades de OSE y del MSP insisten en que la decisión no tendrá efectos en la salud y que solo implica una diferencia sensible al “paladar”.

La consecuencia inmediata de esta decisión fue la triplicación de ventas de agua embotellada y la preocupación de un posible desabastecimiento; algo que, hasta el momento, no ha sucedido. Sin embargo, pronto se sumaron las inquietudes de las personas con problemas de tensión arterial e insuficiencia renal, como así también embarazadas y madres y padres de bebés menores de seis, frente a cómo el aumento de salinidad podría afectarles.

Como respuesta, desde OSE se planteó la posibilidad de subsidiar a las personas con enfermedades preexistentes o con el consumo de sodio contraindicado, y que no puedan adquirir agua embotellada por sus realidades socioeconómicas, para que puedan consumir agua segura. Esta idea fue reforzada por el Frente Amplio, desde donde sugirieron otorgar vouchers de un valor equivalente a 10 bidones de agua a beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), como así también a jubilados y pensionados que cobren una remuneración menor a dos jubilaciones mínimas.

Por otro lado, la oposición propone también la exoneración de IVA e Impuesto Específico Interno (Imesi) al agua embotellada, así como una reducción significativa de la tarifa de OSE a los usuarios del área afectada por el incremento del cloruro de sodio en el producto.

Asimismo, el aumento de la salinidad en el agua genera problemas también para la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), en tanto los niveles de sodio y cloruro afectan el proceso industrial de la refinería en La Teja, y pone en riesgos sus tuberías. Un problema en las instalaciones podría significar millones de dólares en pérdidas, parte de un ingreso que, además, contribuye a la estabilidad de los precios del combustible en el país.

Mientras tanto, y como medida más reciente, OSE construirá de manera provisoria y de emergencia una represa en el río Santa Lucía, con una inversión de 500.000 dólares y una fecha de finalización de una semana. El objetivo es poder gestionar de forma más eficiente el recurso, de acuerdo a las necesidades que se tengan.

El agro seguirá sufriendo las consecuencias durante todo el año

La situación del campo no difiere mucho de la del resto del país, con el añadido de una producción directamente golpeada por el déficit hídrico, cuyas consecuencias seguirán experimentándose durante todo el año, por lo menos.

La sequía, que generó la prolongación de la emergencia agropecuaria en todo el país hasta septiembre —vigente desde octubre del año pasado—, llegó a reducir hasta apenas un 10% los niveles de agua en los suelos, provocando disminución significativa en las siembras y cosechas, así como problemas graves para el pastoreo del ganado por el mínimo crecimiento de pasturas y una reducción también en la remisión de leche.

Sin embargo, el impacto más grande puede —y podrá— observarse en la soja, cuya cosecha ya se estima que será menor a un tercio de lo esperado. En este sentido, se prevé un máximo de 800.000 toneladas para el final de la zafra, cuando las expectativas originales calculaban alrededor de 3 millones. En el peor de los escenarios, la cosecha podría alcanzar apenas las 650.000 toneladas.

Esta situación generará una reducción importante en las colocaciones de este producto, uno de los principales del país en el mercado internacional. Pero, igualmente, las exportaciones de soja ya mostraron una importante caída en abril, desplomándose un 67% según el informe de Uruguay XXI. La explicación está, sin sorpresas, en la reducción del volumen de la oleaginosa, que también cayó en un 63% —los 4 puntos restantes fueron por una baja en los precios internacionales.

Ciertamente, y con las pobres proyecciones para la zafra actual, se espera que las exportaciones de soja caigan todavía más.

El impacto económico, en cifras

Entre las pérdidas materiales por la sequía y las que todavía no son más que proyecciones —pero que se irán materializando con el paso de las semanas—, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) calcula un impacto económico de, al menos, 1.800 millones de dólares debido a la sequía. La disminución física de la producción es el principal motivo detrás de esta cifra que, se sabe, seguirá aumentando a medida que se procesen las cosechas y se tenga un panorama más claro de los resultados en ganadería.

A causa de esto, se espera que el país crezca todavía menos de lo esperado durante el 2023. Para la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, el incremento Producto Bruto Interno (PBI) para este año será de un modesto 2%, casi 3 puntos menos que el año pasado (5,9%), mayormente como consecuencia de los efectos de la sequía.

Por su parte, también el Banco de Seguros del Estado (BSE) experimenta en el déficit hídrico el mayor siniestro desde la existencia de la entidad bancaria, tal y como lo calificaron. Desde el organismo prevén pérdidas entre 80 y 90 millones de dólares por el pago de pólizas del agro, activadas frente a los daños ocasionados por la sequía.

El BSE tiene el 60% de los seguros rurales de todo el mercado, por lo que serán los principales respaldos de un sector fuertemente golpeado por la falta de agua.