El ministerio insiste en que la decisión debe basarse en informes científicos, ante los reclamos de sectores por las demoras en la determinación.
El gobierno prioriza informes técnicos antes de declarar la emergencia por sequía.
El gobierno avanzó este miércoles en el análisis técnico del déficit hídrico en el sur del país y reafirmó que la eventual declaración de la emergencia agropecuaria se resolverá con base en informes científicos y con la participación de "todos los sectores" involucrados, en medio de la presión política de la oposición para adoptar una decisión inmediata.
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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) realizó la primera reunión de trabajo para el seguimiento de la situación hídrica, con el objetivo de sistematizar información y evaluar el impacto real de la falta de lluvias antes de definir medidas excepcionales. El subsecretario de la cartera, Matías Carámbula, señaló que el grupo volverá a reunirse el martes próximo y destacó que el proceso incluirá a las gremiales de productores nucleadas en Campo Unido, así como a otros actores relevantes.
Según explicó Carámbula, la convocatoria responde a la necesidad de que “todos sean parte del proceso” y de que las decisiones se tomen con un diagnóstico lo más preciso posible. En esa línea, adelantó que también se coordinará con los gobiernos departamentales de las zonas potencialmente afectadas y que se sumará al Ministerio de Defensa, debido a su capacidad logística para intervenir en escenarios como la eventual distribución de agua.
Desde el MGAP insistieron en que, ante un posible escenario de crisis hídrica, las definiciones políticas deben estar respaldadas por aportes científicos y técnicos. “Es importante ser finos en identificar las regiones afectadas”, subrayó el subsecretario, al remarcar que no todas las zonas ni todos los rubros productivos enfrentan el mismo nivel de impacto.
En ese sentido, el Ministerio trabaja con un primer criterio de focalización territorial y sectorial, ya que la situación de la granja, por ejemplo, difiere de la de la ganadería, y hay producciones que pueden ver comprometido su rendimiento de forma más inmediata que otras.
Otro de los aspectos que se analizan es el tipo de productor, con el objetivo de calibrar el nivel de intervención estatal. De acuerdo con Carámbula, la “espalda” económica de cada productor será un elemento clave para definir qué herramientas se activan y con qué intensidad, en caso de avanzar hacia la emergencia agropecuaria.
La postura del gobierno contrasta con el reclamo de la oposición, que intensificó la presión para que se declare la emergencia sin esperar los informes técnicos. Desde el Partido Nacional (PN), el senador Sebastián Da Silva exigió una definición “esta semana” y cuestionó la espera de datos oficiales, al sostener que el impacto de la sequía ya es visible en el territorio.
Pese a esas críticas, el MGAP reiteró que declarar la emergencia implica una responsabilidad concreta en términos de acciones a desarrollar y recursos a movilizar. “En la medida en que se declara una emergencia agropecuaria, el ministerio tiene la responsabilidad de tener claras las acciones que va a desarrollar”, enfatizó Carámbula.
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