12 de noviembre 2026 - 18:09

Standard & Poors ratificó la nota de Uruguay, pero encendió las alarmas por el crecimiento económico de apenas 1,1%

La agencia mantuvo la calificación soberana en BBB+, aunque advirtió por la desaceleración de la actividad, las dificultades para reducir el déficit fiscal y la necesidad de atraer nuevas inversiones.

Standard & Poors advirtió por el bajo crecimiento que se espera para este año. 

Standard & Poors advirtió por el bajo crecimiento que se espera para este año. 

La calificadora de riesgo S&P Global Ratings ratificó la nota soberana de Uruguay en BBB+ con perspectiva estable, aunque advirtió sobre la desaceleración de la economía y proyectó un crecimiento de apenas 1,1% para 2026; el organismo señaló que la debilidad de la actividad, junto con las presiones fiscales y el aumento de la deuda pública, representa uno de los principales desafíos para sostener la estabilidad macroeconómica del país.

En su último informe la agencia destacó la fortaleza institucional, la estabilidad democrática y la credibilidad de la política monetaria uruguaya, pero señaló que el menor dinamismo económico responde, entre otros factores, a los efectos de la sequía de 2025 sobre la producción agropecuaria y a la debilidad de las inversiones.

Para 2027, S&P anticipa una recuperación del crecimiento hasta el 2%, mientras que para 2028 y 2029 proyecta una expansión del 1,8% anual. Sin embargo, advirtió que superar ese ritmo dependerá de la capacidad del país para atraer nuevos negocios, mejorar la competitividad y generar condiciones favorables para la inversión privada.

La falta de inversiones limita el crecimiento de Uruguay

La calificadora identificó a la inversión como uno de los principales obstáculos estructurales para acelerar la actividad económica. Según sus estimaciones, la inversión representará alrededor del 16% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo de los niveles cercanos al 18% registrados entre 2021 y 2022, cuando se desarrollaban grandes proyectos de infraestructura y la construcción de la segunda planta de celulosa de UPM.

En ese sentido, S&P destacó que la agenda de competitividad constituye una prioridad para los principales partidos políticos y mencionó las iniciativas legislativas destinadas a reducir los costos de producción, eliminar trabas burocráticas y facilitar el comercio internacional. También consideró que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea podría contribuir a ampliar el acceso a mercados y favorecer nuevas inversiones en el mediano plazo.

La agencia identificó oportunidades vinculadas con la matriz energética renovable del país, aunque aclaró que su aprovechamiento dependerá de las condiciones financieras internacionales, los costos de la energía y la disponibilidad de infraestructura adecuada.

El déficit fiscal y la deuda pública, bajo la lupa

Más allá de las perspectivas de crecimiento, S&P advirtió que la evolución de las cuentas públicas será determinante para sostener la calificación crediticia de Uruguay. La agencia proyecta que el déficit fiscal del gobierno general se mantendrá en 3,7% del PIB durante 2026, antes de iniciar una reducción gradual hasta alcanzar el 3% en 2029. Esta trayectoria dependerá de una mayor recaudación tributaria y del control del gasto público.

En particular, destacó que los salarios públicos, las jubilaciones y los intereses de la deuda representan más del 80% del gasto, lo que limita el margen de maniobra fiscal. En paralelo, prevé que la deuda bruta del gobierno general aumente desde el 59,2% del PIB en 2026 hasta el 63% en 2029, aunque estima que la deuda neta se estabilizará por debajo del 60%.

S&P advirtió que podría rebajar la calificación soberana durante los próximos dos años si las medidas fiscales resultan insuficientes para reducir el déficit y se produce un deterioro sostenido de la dinámica de la deuda. Por el contrario, una mejora consistente de las cuentas públicas y mayores inversiones podrían abrir la puerta a una suba de la nota.

Entre los aspectos positivos, la calificadora resaltó la mayor credibilidad del Banco Central del Uruguay (BCU), luego de más de tres años con una inflación dentro del rango objetivo y una mayor convergencia con los niveles registrados en economías comparables. También destacó la continuidad de las políticas macroeconómicas durante la administración de Yamandú Orsi, así como el consenso político en torno a la estabilidad económica y la sostenibilidad fiscal.

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