Cabildo Abierto (CA) logró comprar 30 días más para tratar el proyecto de reforma de la seguridad social en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y habría, además, condicionado sus votos a fines de abril a otras iniciativas legislativas, como la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, una polémica iniciativa que alcanzaría a más de 20 militares condenados por delitos de lesa humanidad.
Cabildo Abierto ata el apoyo a la reforma jubilatoria a su plan de prisión domiciliaria para mayores de 65
El sector liderado por Guido Manini Ríos logró extender el período de debate en comisión, y va por la aprobación de sus iniciativas parlamentarias prioritarias a cambio de sus votos.
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Se prorrogó un mes la votación de la reforma de la seguridad social en Diputados
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El futuro de la reforma de la seguridad social y de la coalición ingresa en horas decisivas
La tensión en la Coalición Multicolor no es nueva, pero alcanzó niveles inéditos. Con la reciente victoria de CA en torno a la prórroga en la discusión por la reforma de la seguridad social, los nacionalistas sienten que fueron traicionados. No solo porque sus socios siguen poniendo trabas a uno de los proyectos clave de la agenda reformista del gobierno, sino porque los cabildantes habrían prometido apenas horas antes de la sesión extraordinaria de ayer por la tarde que no la pedirían y, en cambio, pactaron a espaldas de la coalición con el Frente Amplio para conseguir tiempo extra.
Sin embargo, las negociaciones continúan, sobre todo en las altas esferas, entre Guido Manini Ríos y el presidente Luis Lacalle Pou. Y mientras Cabildo Abierto sigue insistiendo en los puntos de las AFAP y el cálculo del sueldo básico jubilatorio como sus requisitos irrenunciables, sobre la mesa se juegan también otros condicionamientos.
Los proyectos legislativos como moneda de cambio
Un voto por un voto, esa pareciera ser la lógica de negociación de CA, que busca aprovechar la necesidad del gobierno del que forma parte de aprobar la reforma del sistema previsional. En ese sentido, hay algunas iniciativas de importancia para el sector de Manini Ríos que podrían destrabarse a cambio de que los cabildantes estén más cerca de aprobar la reforma.
Ayer se votó en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja el primero de ellos: la ley de reparación a víctimas de la guerrilla, que sería tratada en el plenario luego de la Semana del Turismo, hacia mediados de abril. Asimismo, y según informó el semanario Búsqueda, CA habría condicionado sus votos en la Comisión Especial a que el oficialismo dé su visto bueno a la prisión domiciliaria para mayores de 65 años.
Esto genera algunas rispideces, ya que la iniciativa alcanza también a aquellos detenidos por crímenes de lesa humanidad y, de aprobarse, permitiría que, al menos 20 condenados por estos delitos gocen del beneficio de la prisión domiciliaria. Este punto fue duramente criticado por Amnistía Internacional en su informe anual: según el documento al que accedió Ámbito.com, sería una forma de indulto.
Otros proyectos que se negocian son el de la reestructuración de deudas y el de tenencia compartida.
51 artículos modificados en el proyecto de reforma de la seguridad social
Por su parte, el Poder Ejecutivo finalmente envió a la Comisión Especial la versión final del texto de la reforma, con 51 artículos modificados, pero sin respuestas concretas para Cabildo Abierto. Esto supone cambios en el 15% del articulado, entre los que destacan el tratamiento diferencial para la Caja Notarial —una “ventana” de tres años— y mínimas diferencias en materia de inversiones de las AFAP en el exterior.
Si bien la mayor parte son correcciones puntuales en la redacción, también se proponen modificaciones en varios contenidos, en sintonía con lo que había anunciado el gobierno la semana pasada: además de las cajas paraestatales y las AFAP, hay marcha atrás en materia de pensiones de sobrevivencia, se aumenta la asignación de la jubilación por incapacidad total, se atenúan los requisitos para el acceso a las prestaciones no contributivas por parte de la población migrante, y se establece una examinación previa a los posibles cambios de parámetros jubilatorios en lugar de una adecuación automática.
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