Un nivel de deuda prudente y metas estables, las recomendaciones del CFA para mejorar el marco fiscal

El órgano técnico que asesora al Ministerio de Economía y Finanzas planteó los ejes para fortalecer la institucionalidad de cara al próximo presupuesto.

El Consejo Fiscal Asesor brindó una serie de recomendaciones para fortalecer el marco fiscal en el próximo gobierno.

Foto: Pexels/Lee Loo The First

El Consejo Fiscal Asesor (CFA) emitió una serie de recomendaciones para mejorar el marco fiscal durante el próximo gobierno, al señalar que existe “una ventana de oportunidad” de cara a la presentación en agosto del proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal 2026-30.

En medio de las discusiones por el déficit fiscal, el órgano técnico independiente que asesora al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), integrado por el secretario ejecutivo Ignacio Umpiérrez y los consejeros Alfonso Capurro, Ana Fostel y Jorge Roldós, planteó diferentes posibilidades para consolidar el marco legal vigente.

Un nivel de deuda prudente

Entre los aspectos a mejorar, el CFA incluyó en materia operativa la eventual incorporación del cociente de deuda sobre PIB como ancla de la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, en un nivel que asegure en una alta probabilidad la sostenibilidad de las finanzas públicas en el tiempo, lo que serviría para robustecer el enfoque estructural y de largo plazo.

Al hacerse eco del análisis de deuda, las variables institucionales y de mercado y “ciertas vulnerabilidades idiosincráticas de Uruguay”, el planteo implica estimar un nivel o umbral de deuda prudente con bases académicas sólidas y trascendiendo los diferentes gobiernos, quedando establecido por decreto y evitando modificaciones discrecionales que debiliten el ancla de mediano plazo.

Metas estables y mecanismos de corrección

En ese sentido, el órgano técnico consideró necesario “establecer que las metas anuales de los pilares de la regla sean estables y estén explícita y analíticamente vinculadas a ese nivel de deuda”.

“Esto brindaría más estabilidad en el tiempo a las metas anuales y aseguraría la convergencia en el periodo elegido por las autoridades”, indicaron los expertos en su séptimo informe semestral.

En la misma sintonía, sostuvieron que se debe incorporar mecanismos de corrección ante desvíos de las metas y consideraron necesario “explicitar más claramente los motivos que permiten activar la cláusula de salvaguarda”, con el objetivo de fortalecer el enfoque estructural de las finanzas públicas y evitar cambios discrecionales en las metas fiscales.

Cambios metodológicos e institucionales

Por otra parte, el CFA recomendó incorporar metodologías complementarias para el cálculo del PIB potencial y la brecha del PIB, a fin de “realizar análisis de sensibilidad del Resultado Fiscal Estructural (RFE) ante distintas estimaciones”.

En esa línea, no descartó promediar los resultados de tres metodologías para el cálculo del PIB potencial y la brecha del PIB, tal como se realiza por parte del Banco Central del Uruguay (BCU) para su gestión de la política monetaria.

En materia de cambios institucionales, el órgano técnico asesor del MEF pidió contar con “mayor independencia legal y operativa” e incorporar dentro de sus cometidos el análisis de la sostenibilidad de la deuda y las proyecciones macrofiscales, en línea con las prácticas de otros consejos fiscales de la región.

Ese escenario incluye la asignación de una partida presupuestal para financiar su operativa y realizar actividades de investigación y evaluación independiente de la política fiscal.

La inflación, una de las razones detrás del no cumplimiento de la regla fiscal en 2024

En el detallado informe del CFA se incluyó también un análisis sobre la regla fiscal, a la que consideraron “un avance significativo” en la materia. Sobre los incumplimientos en los tres pilares durante el año pasado, los expertos manifestaron que “si bien son preocupantes, no invalidan esos avances y reafirman la necesidad de continuar mejorando dicho marco, idealmente en la próxima instancia presupuestal”.

Además del RFE del 3,7%, es decir 0,8 puntos porcentuales por encima de la meta; y la variación del gasto primario real del 4,7%, por encima del tope del 2,8%, se sumó la activación de la cláusula de salvaguarda, con la cual el gobierno saliente amplió el tope legal de endeudamiento desde 2.300 millones de dólares a 2.990 millones, algo que podría haber sido motivo de debate en el Parlamento, según el CFA.

Al analizar los motivos, el organismo independiente puso el foco en “los errores de pronóstico en la estimación de la inflación”, tanto para 2023 como su efecto de arrastre hacia 2024, junto con “su impacto en la recaudación nominal de la DGI y la propia menor recaudación real”.

Así, si bien el gasto nominal se mantuvo en línea con lo estimado en la Rendición de Cuentas de 2022 (junio de 2023), “la política fiscal se mantuvo pasiva a los desvíos estructurales de esa evolución adversa de la recaudación, evidenciando una mayor rigidez y menor capacidad de reacción en el año electoral”, apuntaron.