El IVA, en teoría, es un impuesto al consumo que por su mecanismo de débitos y créditos fiscales no debería generar distorsiones en la economía y al ser de efecto neutro sobre los distintos sectores.
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En la práctica y especialmente para el sector agropecuario, debido a los intentos gubernamentales de controlar la alta evasión, el IVA generalizado en la década del 90 ha demostrado no cumplir con el objetivo de neutralidad propuesto.
La cantidad de retenciones, pagos a cuenta, demoras en la devolución, falta de compensación adecuada y tasas diferenciales que ha impuesto la AFIP para tratar de controlar la evasión ha generado como resultado no deseado una distorsión fenomenal en la cadena productiva en todos los productos primarios.
Los productos agropecuarios son de un alto valor agregado; en consecuencia, cuando el productor agropecuario vende su producción tiene un débito fiscal que difícilmente pueda compensar con sus créditos fiscales, lo que redunda en un importante saldo a favor de la AFIP. Es de destacar que en muchos casos las ventas son zafreras, con lo cual este efecto se potencializa. Como consecuencia, la necesidad de cobrar IVA es mucho menor que en otros sectores.
En el caso de las ventas al sector exportador, de sustancial participación en nuestro país, el exportador debe adelantar los fondos del IVA y, con posterioridad, pedir su devolución a la AFIP, lo que en muchos casos significa largas esperas. Aquí el impuesto funciona como un incentivo antiexportador y antipyme, ya que limita la entrada de nuevos jugadores en los mercados debido al mayor capital de giro necesario que implica el adelanto del IVA y a la dificultad para las empresas nacionales de acceso al crédito a tasas competitivas.
En el caso de las ventas al mercado interno, en que el último segmento de la cadena comercial compra directamente al productor, cosa que sucede mayoritariamente en aquellos productos con una importante incidencia de ventas al mercado interno, como es el caso de la carne vacuna, tiene unos incentivos fenomenales para la evasión.
El comprador vende la mercadería al mercado interno en negro y retiene para sí el importe del IVA, abona al productor en negro, que así no paga otros impuestos, se incentiva la no declaración patrimonial de la existencia de hembras, que entran en una espiral de existencias en negro incontrolables.
Es de destacar, especialmente, que además de generarse una economía negra muy importante, este comprador distorsiona toda la cadena comercial ya que al retener para sí el valor del IVA puede vender el producto al mercado más barato que su competencia y comprar la materia prima más cara que otros compradores, y así vuelve a incentivar el mercado negro.
Se genera una competencia desleal respecto de las industrias que operan respetando las leyes.
Tenemos que pensar que lo citado precedentemente sucede en todas las producciones agropecuarias, desde las economías regionales, hasta las de carnes, lácteos y granos. Es necesario imaginar, por un momento, lo que sucede en la comercialización de todas las verduras y frutas a lo largo y ancho del país.
En tanto pensemos que controlando eficazmente todos los intermediarios y vendedores al mercado interno o con las retenciones se reducirá la evasión, por ser una tarea de una gran magnitud, el costo de recaudación será mayor que lo recaudado.
El control de la evasión ha sido una utopía, demostrada a lo largo de los años por más empeño que ha puesto la AFIP.
En otros países
Debemos volver al régimen de IVA que existía antes de la década del 90, por el cual los productos agropecuarios en su primera venta estaban exentos del pago del impuesto. Este es el régimen que existe en otros países, como Uruguay, Brasil y Perú.
Esta propuesta no significa un mecanismo de excepción al sector agropecuario, sino todo lo contrario, ya que el productor compraría todos sus insumos con IVA, generando un crédito fiscal que no podrá compensar, al no tener débito fiscal de IVA, aunque sí podría compensar estos importes pagados en concepto de IVA como pagos a cuenta de Ganancias o Bienes Personales y así fomentar las compras en blanco de todos los insumos.
El costo de esta propuesta está dado por la menor recaudación de IVA en el sector alimentario, donde hay una gran evasión y un gran costo de recaudación, que neutraliza a ésta y genera unas distorsiones fenomenales.
Los beneficios de esta propuesta serían los siguientes:
Rebaja generalizada del precio de los alimentos, con los consiguientes beneficios para todos los consumidores, en especial los de menores recursos.
Blanqueo de la economía, con sus efectos colaterales para el sector agropecuario. Se disminuirá la economía informal en forma sustancial, cobrándose impuestos donde hoy no se lo hace.
Se desalentará la competencia desleal entre los sectores industriales vinculados al sector agropecuario.
Se fomentarán los consorcios de exportación agrícola y la entrada de exportadores nacionales al mercado, mejorando también así las economías regionales.
(*) Fue asesor del Ministerio de Economía y director de la SRA y es miembro del Comité de Agricultura del CARI.
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