La Corte Suprema frenó un recorte del 60% en una indemnización por muerte y cuestionó a la Cámara

El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia que había reducido las indemnizaciones para la esposa y los hijos de un hombre fallecido en un accidente de tránsito. Advirtió que los jueces no explicaron por qué correspondía bajar los montos fijados en primera instancia y consideró que la decisión fue arbitraria.

La Corte Suprema frenó un recorte del 60% en una indemnización por muerte y cuestionó a la Cámara por no fundamentar la reducción-

Mariano Fuchila

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto este miércoles un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había reducido cerca de un 60% las indemnizaciones por el fallecimiento de un hombre en un accidente de tránsito. El tribunal cuestionó que los camaristas modificaran los montos por valor vida y daño moral sin explicar de manera concreta los motivos que justificaban semejante recorte.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en la causa “Falabella, Liliana Beatriz y otros c/ Kallinikos, Panagiotis s/ daños y perjuicios”.

El expediente se inició por los daños derivados de la muerte de un hombre, esposo, padre e hijo de los demandantes. En primera instancia se habían fijado indemnizaciones para sus familiares, pero la Sala K de la Cámara Civil redujo significativamente esos montos y también modificó el régimen de intereses aplicable.

El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia que había reducido las indemnizaciones para la esposa y los hijos de un hombre fallecido en un accidente de tránsito.

Cortesía del Gobierno de la Nación

Frente a esa decisión, los demandantes presentaron un recurso extraordinario. Luego de que fuera denegado, acudieron a la Corte mediante una queja.

La crítica de la Corte: un recorte sin explicación

El máximo tribunal recordó que, en general, la determinación de las indemnizaciones constituye una cuestión de hecho, prueba y derecho común, propia de los jueces que intervienen en cada causa. Sin embargo, aclaró que esa regla no impide revisar decisiones que carecen de fundamentos suficientes.

En ese sentido, sostuvo que es posible invalidar una sentencia cuando sus deficiencias argumentativas afectan el derecho a obtener una decisión fundada en ley, reconocido por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. La Corte remarcó que “es arbitraria la reducción significativa de la indemnización sin dar fundamentos suficientes”.

Al analizar el caso, señaló que la Cámara había enumerado distintos factores para calcular el denominado valor vida, es decir, las consecuencias económicas que la muerte de una persona genera para quienes dependían de sus ingresos o podían recibir su ayuda.

Entre esos elementos, los camaristas habían considerado la edad de la víctima, su expectativa de vida, los ingresos que obtenía por su actividad laboral y el hecho de que solventaba las necesidades económicas de su familia. También habían tenido en cuenta el nivel de vida del grupo familiar, las edades de la esposa y los hijos al momento del accidente y la posible colaboración del hombre en las tareas del hogar con valor económico.

Sin embargo, para la Corte, enumerar esos factores no era suficiente para justificar la reducción de la indemnización. “Tras enunciar tales parámetros, el tribunal se limitó a fijar los nuevos montos indemnizatorios sin explicar de qué modo esos factores condujeron a la reducción dispuesta”, cuestionó.

Además, señaló que la Cámara tampoco había identificado errores concretos en el cálculo realizado por el juez de primera instancia ni explicado por qué la aplicación de los mismos criterios debía arrojar un resultado diferente.

En palabras del tribunal, el fallo cuestionado “no justificó por qué la aplicación de tales criterios debía arrojar un resultado distinto al alcanzado en la sentencia de primera instancia”.

También cuestionó el cálculo del daño moral

La Corte consideró que el mismo problema se presentaba en la determinación del resarcimiento por daño moral. La Cámara había reducido también ese concepto sin ofrecer una explicación suficiente que permitiera comprender cómo había llegado a los nuevos montos.

Para los jueces del máximo tribunal, las sentencias no pueden limitarse a expresar conclusiones sin desarrollar el razonamiento que las sustenta.

“Las sentencias deben seguir un procedimiento argumentativo y no consistir en meras afirmaciones dogmáticas que no explican el modo en que se llega a la conclusión”, recordó la Corte, al vincular esa exigencia con la garantía del debido proceso.

El fallo destacó que debe existir una relación verificable entre los hechos acreditados, las normas aplicables y la solución adoptada. Por eso, al fijar una reparación económica, los jueces deben explicar cómo evaluaron las circunstancias particulares de cada caso y de qué manera esas circunstancias se reflejan en los montos establecidos.

En esa línea, el tribunal sostuvo que “una adecuada tutela resarcitoria exige abandonar parámetros puramente abstractos y correlacionar los conceptos evaluados con las constancias de la causa”.

Al cerrar su análisis, la Corte concluyó que la resolución de la Cámara no cumplía con el requisito de fundamentación exigible a toda decisión judicial.

Según explicó, no era posible conocer cómo se habían evaluado los perjuicios cuya reparación se ordenaba, una falencia que afectaba el derecho de defensa de los damnificados.

Por eso, determinó que la falta de argumentos suficientes “torna arbitraria la decisión, pues no permite ejercer un control adecuado de la justificación del resultado”.

Así, el máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia que había reducido las indemnizaciones y cuestionó que se modificaran los montos reconocidos a los familiares de la víctima sin explicar de manera razonada por qué correspondía pagarles menos.