La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), anunció que empezará a cortar y restringir el servicio de los usuarios que tengan deudas. Sin embargo, al día de hoy, la quita total del suministro de agua en domicilios residenciales es una práctica que está prohibida por ley.
AySA aplicará cortes y restricciones de servicio a quienes no paguen el agua: unos 700.000 usuarios, en la mira
La empresa estatal de agua tiene actualmente un 16% de sus usuarios con moras en el pago del servicio. Mientras, el Gobierno avanza con la privatización parcial de AySA y, pese a que prevé cerrar el año con superávit, anunció cortes a quienes adeuden facturas.
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"Esta práctica se viene implementando en los últimos meses", según comentó a Ámbito el Licenciado Hernán Herrera, integrante del Instituto Argentina Grande. Lo que hace la empresa al momento de cortar el suministro al usuario residencial es "dejarle un flujo mínimo", especificó.
AySA cortará el suministro a unos 700.000 usuarios morosos
Según informó AySA, comenzará a aplicar cortes en el suministro de agua para usuarios residenciales y no residenciales que registren hasta dos períodos consecutivos impagos de sus facturas. Las primeras interrupciones se realizarían a los usuarios que registren deudas más abultadas. "Hay gente que no paga desde 2006", señalaron desde AySA. La lupa de la empresa está puesta en unos 700.000 usuarios morosos, que representan el 16% de la totalidad de los clientes, informaron.
"El corte es una de las opciones que tiene la empresa para salir a hacer reclamo de deuda", señalaron. Pero la medida llega en un contexto en el que la cuota del servicio aumentó un 305% entre diciembre 2023 y noviembre 2024, según informó Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. Es decir que se cuadruplicó. Y, a este costo, se adiciona una suba del 189% del servicio de luz, otro 564% del de gas y un 601% del transporte.
Esto sucede en paralelo a que los salarios aumentaron muy por debajo de la media de incremento de servicios. Es más, el porcentaje de ingresos que un trabajador destina actualmente a ese ítem está muy por encima del que le insumía el año pasado: mientras esa canasta costaba $28.651 en diciembre, ahora está en $134.173, según el Observatorio.
AySA cortará el servicio a usuarios morosos: ¿es legal?
Si bien la empresa tiene la facultad para restringir o cortar el servicio por falta de pago de acuerdo al artículo 81° de su Marco Regulatorio, se aplica de manera diferente a los usuarios residenciales y no residenciales. Cabe destacar que, hasta el momento, esto no se hacía efectiva esa facultad, ya que el Estado comprendía que el agua es un recurso esencial para el funcionamiento de las industrias y comercios así como para los hogares. Sin embargo, el sesgo del actual gobierno de Javier Milei hizo que tanto las compañías como el Estado tengan como premisa el equilibrio económico-financiero al momento de funcionar, algo similar a lo que pasa en la administración pública.
Tal es así, que la empresa estatal de aguas y saneamiento ya tiene en agenda un plan de acción para comenzar con su proceso de privatización, ya que estaba incluida en el listado de compañías a concesionar y/o vender que se incluyó en la ley Bases. Las opciones, hasta el momento, son la apertura del capital a la Bolsa o iniciar un proceso de licitación para vender una parte de las acciones en manos del Estado argentino, en lo posible, una gran parte para que el privado que obtenga la mayor participación en la compañía sea el nuevo controlador.
El Gobierno busca vender la empresa pese a que AySA ya dejó atrás el déficit operativo que solía tener y hasta tiene previsto finalizar el año con superávit cercano a los $100.000 millones, gracias al ajuste tarifario (del 305%) y el plan de regularización de deudas que se implementó.
"Más allá de la estacionalidad, los aumentos, que fueron del 230 al 300%, claramente están por arriba de la inflación entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Con lo cual, que estén ahora forzando a la restricción de agua residencial, cuando es un derecho humano, porque es parte esencial de la vida, nos parece aberrante. En vez de generar una política de cuidado a los hogares que no la está pasando bien, lo que hacen es pensar solamente en los negocios y así no se construye un país", añadió Herrera.
Lo cierto es que eso le permitió mejorar los números a la administración de la empresa. "Los resultados económicos acumulados hasta septiembre 2024 muestran una baja del déficit operativo ajustado del 112%, equivalente a -$309.000 millones ($-278.000 millones en 2023 vs. $31.000 millones en 2024)", precisaron fuentes oficiales, que se jactaron de no recibir transferencias del Estado para los gastos operativos desde junio.
Herrera añadió que esto también se debe a que "hay muy pocas obras de agua en curso" y que esta medida oficial se enmarca en la política del Gobierno de "cerrar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)", que es el encargado de planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país.
La inversión del sector público nacional, si se observa la ejecución base caja en términos reales del acumulado de los primeros 10 meses de 2024 sobre el mismo período de 2023, muestra una caída de 78,2% en materia de agua y saneamiento, precisó.
AySA cortará el servicio a usuarios morosos: ¿quienes pueden quedarse sin suministro
Pese a todo eso, el Gobierno busca avanzar en su plan de mejorar la rentabilidad de la empresa de agua y avanzará en con las quitas de servicio. Fuentes oficiales explicaron a este medio que el corte "es una de las opciones que tiene la empresa para salir a hacer reclamo de deuda", ya que en un principio llega la notificación y el reclamo en la factura, luego mails y se llama por teléfono a los deudores pidiendo la regularización de la mora y, recién ahí, se llega a la instancia de corte o restricción, según corresponda.
Tal como se dijo, el Marco Regulatorio de Aysa establece que solo se podrá aplicar un "corte total" a los usuarios no residenciales, como comercios, industrias, bancos, etcétera. En tanto que, para el consumo residencial solo se puede aplicar una "restricción" al servicio, que es a través de la colocación de un precinto que limita la presión del agua.
Excepciones
Además, la normativa incluye excepciones específicas para instituciones sensibles, como hospitales, sanatorios, cárceles y usuarios con tarifa social.
Asimismo, establece que no se les cortará el servicio a "toda persona que esté en un plan de regularización de deuda o tenga tarifa social y esté en un tratamiento de deuda", según precisaron fuentes oficiales. Destacaron que, "si hay un compromiso de pago, se inhibe el corte".
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