Crean Derecho a Energía Barata (pero no la dan)

El malhumor social que se evidencia en estos días por la no reconocida crisis de la energía tiene su génesis en dos cuestiones: una netamente económica, y otra como consecuencia de una mala planificación.

La económica es fácil de resolver, aunque el costo no lo quiera pagar nadie. Si el gobierno permite aumentar las tarifas en lugar de inventar «cargos fijos» para financiar contratos que luego no se cumplen, puede solucionar el problema energético, aunque por culpa de Fray Lucca Paccioli se le escape el índice de precios. Si el valor de la energía hubiera sido el internacional, miles de autos, equipos de aire acondicionado o heladeras no se hubieran fabricado, transportado ni vendido, ya que el precio de la energía hubiera ahuyentado a muchos compradores. Pero todos piensan que tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure, así como a su familia, la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y derecho a los seguros en el caso de desempleo, enfermedad, invalidez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia, tal como lo señalan los artículos 22 al 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sancionada en París en 1948. Pero ésta no explica cómo se hace para que todos tengan de todo, y confunde aspectos técnicos con económicos.

La Argentina parece haber agregado a la Declaración el Derecho a la Energía Barata, aunque después no la entrega.

Buena fe

Para poder satisfacer la demanda que esta política de dumping energético doméstico y exportable creó artificialmente, el gobierno confió a un grupo de funcionarios una solución técnica que solucionara el problema, y considerando una enorme dosis de buena fe, los funcionarios le contaron al Presidente que el problema estaba resuelto. Con un fideicomiso para realizar las obras que las transportadoras de gas quedaban exentas de efectuar (porque con tarifas congeladas y aumento de precios de los insumos necesarios, la ampliación no podía amortizarse nunca), los funcionarios estimaron que el déficit de producción (inyección) y de transporte para una economía que crece a 8% anual se resolvía fácil.

Hoy, el pico de demanda debe estar en 130 millones de metros cúbicos por día y la oferta estimada, ante la carencia de información oficial, es que debe ser 20% menos y a la baja, dado que los yacimientos se están vaciando y no hay nuevas reservas para reponer.

El CAPEX (Capital Expenditure) de un ducto de gas depende de sus metros cúbicos por día, longitud y presión. Cuanto más lejos deba llegar el gas, mayor será la presión en bar. En general, en promedio es necesaria una estación de compresión cada 200 km para aumentar la presión, con un límite que es la capacidad mecánica del tubo. Llega un momento en que hay que hacer otro ducto en paralelo («loop») para una mayor oferta y redundancia de operación.

Pero a los funcionarios no les importa, y por ello ingresaron en la aventura de « inflar» los gasoductos para que no se note, dejando la construcción de los by-pass para más adelante.

Aquí llega el segundo problema, ya técnico. Las plantas de compresión, los tubos y demás materiales tienen precios internacionales de commodities, pero el CAPEX del ducto depende de su traza; si se trata de suelo fácil con poca interferencia (por ejemplo en la Pampa Húmeda), el valor es infinitamente menor que si debe construirse un «loop» pasando por el Obelisco, donde el valor de la obra es un numeral dos o tres veces mayor que el del equipamiento, y la demora es mucho mayor. Uno de los análisis que debería hacerse es si la traza de los gasoductos que generaron el escándalo de los sobreprecios era la adecuada algo que hoy puede calcularse en una simple planilla de cálculo.

Las crisis de energía han sido estudiadas en profundidad en todo el mundo, por la simple razón de que han ocurrido muchas veces y pueden volver a ocurrir. El planteo es la reacción de la sociedad: mientras en la Argentina se la niega, y se culpa al «desmesurado incremento de la producción», el entonces presidente Clinton ordenó cerrar las oficinas gubernamentales en la Navidad de 1995, cuando una temperatura polar afectó el norte de los Estados Unidos. Tal vez pensó, no sin razón, que era preferible asignar la energía a las fábricas, el transporte y los hogares que a los burócratas que no producían, sino gastaban.

El gobierno argentino podría cerrar durante algunos días todas las oficinas públicas, para que por lo menos los patrulleros de la Policía (que según nos hemos enterado funcionan con GNC) puedan cuidar la vida y los bienes de los ciudadanos.