El fiscal general adjunto, La auditora adujo que «el Departamento de Justicia se negó a permitirnos relatar nuestra versión a un jurado, en violación a preceptos básicos de justicia».
Andersen admitió en enero la desaparición de documentos, pero negó cualquier consentimiento de la dirección de la empresa.
El operativo de destrucción por parte de Andersen se habría extendido a partir de octubre pasado y habría llegado hasta Londres, y se frenó cuando la firma recibió una citación judicial de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para que entregase los documentos relacionados con la auditoría de Enron.
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