Desinforman a PyMes ahora en las licitaciones

La desocupación récord tiene variados orígenes, pero uno de ellos es la ignorancia e inobservancia de la ley. Ejemplo de ello es el incumplimiento del Decreto 909/ 2000 titulado «compre nacional», que establece el «régimen de publicidad para las compras que efectúen las empresas concesionarias de obras y servicios públicos y a quienes subcontraten».

El mencionado decreto establece la obligatoriedad de publicar en el Boletín Oficial y en un diario de circulación masiva por dos días toda compra mayor a $ 150.000 y hasta $ 5.000.000, y con una anticipación de 22 días hábiles a la apertura de las ofertas, superado este monto deberían establecerse procedimientos especiales de publicación, pero desde el 17 de noviembre de 2000 esto no ha sido aplicado, y muchas de estas compras se han realizado importando productos con arancel cero, desprotegiendo a la industria nacional y generando desempleo.

• Invitación

La disposición referida establece asimismo que en caso de cotizaciones de productos de origen nacional confrontadas con la de procedencia extranjera (siempre y cuando no superen 5% de diferencia en precios), las empresas locales deberán ser invitadas dentro de las 48 horas de la apertura a igualar el precio del producto importado, preferenciando así a las MIPyMEs nacionales y a sus formas asociativas.

La autoridad de aplicación de este decreto resulta ser la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, los responsables del cumplimiento de estas normas los entes reguladores de servicios públicos, y la Sindicatura General de la Nación debería verificar la aplicación de esta ley.

Evidentemente todas estas disposiciones no han sido respetadas y los organismos del Estado con obligación de intervenir no lo han hecho ignorando un decreto y desprotegiendo así a la tan castigada producción nacional. Cabría agregar que aseguraría mayor concurrencia y, por ende, mayor competencia, que se comunicaran y enviaran los pliegos licitatorios a las cámaras del sector de proveedores del Estado (UAPE), cámaras de comercio, etcétera.

• Precaución

No solo los empresarios deberían estar preocupados por el incumplimiento de este decreto sino también todos los sectores interesados, como, por ejemplo, los sindicatos ya que aumentarían los puestos de trabajo y asegurarían los ya existentes. Además de las diversas asociaciones de consumidores, ya que a mayor precio de los productos e insumos adquiridos por las empresas concesionarias de obras y servicios públicos estos costos se trasladarán a las tarifas y entonces el perjuicio será para el país todo.

Estos regímenes son de estricto cumplimiento en casos semejantes en países del Primer Mundo, asegurando que las concesionarias de obras y servicios públicos y las empresas del Estado, ofrezcan un buen servicio a un precio equitativo y justo, de otra forma los sobreprecios por adquirir productos más caros, lo pagará el usuario.

Las compras menores a $ 150.000 que realizan estas empresas no resultan nada despreciables para las pequeñas y medianas empresas locales, por lo que se estima que un régimen de compras publicados en forma obligatoria por internet sería beneficioso para todos, impidiendo asimismo que grandes compras anuales se mensualicen para evitar de esta forma la publicación obligatoria. La aplicación del «compre nacional» fortalecería a las PyMEs nacionales, crearía nuevos puestos de trabajo y ayudaría a la tan necesaria reactivación del sector privado.