El economista del mes: "El modelo económico de Kirchner está agotado"

En la tradicional entrega del Economista del Mes, en esta oportunidad el análisis de la coyuntura y las perspectivas económicas corresponde a Javier González Fraga. Advierte el agotamiento del modelo kirchnerista ante el desborde inflacionario que hoy apunta a 30% anual. El ex presidente del BCRA considera peligroso el deterioro del tipo de cambio real, que junto con la inflación constituyen una bomba de tiempo que consume las fortalezas del modelo productivo. Si se acepta el costo político de los principales ajustes aún hay salida.

1 - Cómo llegamos hasta acá

Después del colapso de la convertibilidad en 2001, la economía argentina, de la mano de Duhalde y su ministro Remes primero y Lavagna después, logró ingresar en un proceso virtuoso. Este se basaba en un fuerte superávit fiscal, que permitía alentar la demanda interna y externa mediante un tipo de cambio muy alto, y una tasa de interés muy baja.

La gran capacidad ociosa en la industria, y el gran desempleo, permitieron que durante los primeros años este estímulo a la demanda, incrementada por una fuerte expansión del gasto público, no tuviera consecuencias inflacionarias.

Así se llega a las elecciones de 2005, con la macroeconomía mostrando un crecimiento excepcional, pero con algunas tensiones inflacionarias, un incipiente debilitamiento fiscal como consecuencia del incremento de los subsidios, una creciente centralización del gasto público, e incertidumbre con respecto a la futura provisión de energía. A partir del resultado de esas elecciones se decidió el reemplazo de Lavagna en el Ministeriode Economía, y la total kirchnerización de la gestión económica. Comienzan entonces gestos, en algunas áreas, de una política casi autista, que se desconecta de la realidad, o pretende modificarla con acciones autoritarias, o simplemente falseándola.

En 2006 comienzan las restricciones permanentes de las exportaciones de carne y de lácteos, las intervenciones en los mercados de Liniers y con los molinos harineros, los controles de precios implementados de manera prepotente, y probablemente al margen de lo tolerable en un Estado republicano. Simultáneamente se incrementan aún más los subsidios, que se asignan de una manera sumamente caprichosa y poco transparente. También se siguen demorando los incrementos de las tarifas públicas, con lo que se agravan las presiones inflacionarias de los sectores con mayor capacidad de compra, al tiempo que se demoran las inversiones en infraestructura, y en la exploración de hidrocarburos. La incertidumbre energética también genera una menor inversión en maquinaria y equipos reproductivos, a pesar del crecimiento de la inversión total, inflada con celulares y grupos electrógenos, entre otros bienes de capital no reproductivos. Se logra evitar los cortes eléctricos en las grandes ciudades, pero a un creciente costo fiscal, por los subsidios provocados por los mayores precios del gas y del fuel importado. Y empieza a distorsionarse el precio de la energía y de los combustibles entre la Capital Federal, y el resto del país.

Esta política antiinflacionaria en 2006 da resultado, porque además de los controles, los subsidios y el congelamiento de precios y tarifas, se produce un proceso de liquidación de vientres, y de animales de bajo peso, que planchan el precio de la carne (+3,5% en el año), haciendo creer al gobierno que podían seguir con las mismas políticas.

2 - Dónde estamos ahora

Ya en el comienzo de 2007 se ve claramente que la política de controles, subsidios y restricciones a las exportaciones está agotada, y que la inflación volvería a desbordarse. La respuesta fue la intervención del INDEC, y el comienzo de una serie de falsedades que no sólo han distorsionado las mediciones de precios, sino también las relativas a la pobreza y al crecimiento económico.

Mucho se ha hablado sobre el costo económico, político, e institucional de esta desafortunada decisión del ex presidente Kirchner, que aún no se ha revertido. Basta solamente agregar que cuando en enero de 2007 se decidió la manipulación de los datos del INDEC nuestro riesgo-país había coincidido por primera vez en la década con el del Brasil. Desde entonces la brecha entre ambos volvió a ampliarse a los 250 puntos, con lo que la Argentina paga anualmente unos u$s 250 millones adicionales por intereses en deuda nueva, (incluyendo los bonos que nos compra Chávez) frente a lo que hubiera pagado si no se falseaban las estadísticas, destruyendo la credibilidad de nuestro país.

Pero lo más grave de la intervención del INDEC es que, al no contar con una estadística oficial confiable, la autoridad económica y monetaria no puede implementar ninguna política creíble de metas inflacionarias, que claramente es la más aconsejable para combatir una inflación del orden de 20%, como lo hicieron exitosamente Chile, Israel, Inglaterra, y muchos otros países.

Haría falta que durante algún trimestre de este año la inflación real coincida con la medición del INDEC, y a partir de ese número el ministro de Economía coordine las políticas fiscales, laborales, monetarias y cambiarias para procurar un suave descenso de la inflación. Pero mientras las autoridades no puedan referirse al problema inflacionario, seguirán mandando las expectativas privadas, que de acuerdo con lo informado por la Universidad Di Tella, ya superan 30%.

Además, el año pasado el gasto público se incrementó a un ritmo superior a 50% anual, generando un debilitamiento fiscal indisimulable, y el fin de la era del desendeudamiento público. La principal explicación fue el incremento de los subsidios, que alcanzaron a superar los $ 20.000 millones, y que fue la consecuencia de los controles de precios, y el congelamiento de tarifas. Aún hoy, la voracidad fiscal está explicada por esta política de la Secretaría de Comercio.

El crecimiento económico, fundamentalmente explicado
por la demanda de los sectores más favorecidos (autos, artículos para el hogar, indumentaria, servicios privados, etc.), se fue devorando la capacidad ociosa de la industria, que invertía pero menos de lo necesario, y muy poco en la generación de las materias primas industriales básicas. Los industriales, consecuentemente, prefieren ajustar precios antes que invertir para aumentar la producción, en un contexto incierto por la inflación y por las restricciones energéticas. La contrapartida de esta menor disposición a aumentar la producción se ve claramente en el gran aumento de las importaciones en los últimos 18 meses.

3 - La política monetaria y cambiaria

Como el gobierno no puede implementar una política de metas, mientras no sincere al INDEC, solamente le resta moderar la inflación con una política monetaria neutral, y una estabilidad cambiaria. Pero un dólar a $ 3,15/$ 3,20 por muchos meses más generaría un proceso de apreciación del peso, que afectaría profundamente la competitividad de nuestra industria, y la rentabilidad de las actividades agropecuarias. Además se estaría arriando una de las banderas emblemáticas del modelo de 2002. Si bien no estamos ante un sistema rígido como el de la década anterior, de continuarse mucho tiempo más con este proceso de apreciación del peso, nos acercaríamos a un escenario de crisis, que es justamente lo que la política de 2002 se proponía evitar.

Un interesante trabajo reciente de Mario Brodersohn (ver Econométrica informe especial 387) demuestra que, de contabilizarse la inflación real, la Argentina sería en el período 2005 a 2008, el país de la región que más habría apreciado su moneda frente al dólar. Y ya hoy, el dólar real, neto de retenciones, para la soja es menor al de diciembre de 2001. Las compras en la Argentina ya no son tan atractivas para los turistas, ni para los argentinos que hacen sus cuentas en dólares. La inflación y la apreciación cambiaria constituyen una bomba de tiempo que está consumiendo muy rápidamente las fortalezas del modelo económico impuesto en la presidencia de Duhalde.

Mientras tanto, el BCRA, sensatamente, está evitando todo protagonismo en la batalla contra una inflación, que no es de origen monetario. Su política neutral, donde la expansión acompaña un poco por debajo a la demanda monetaria, está evitando una restricción monetaria que sólo agravaría las expectativas aún más, y de acuerdo a nuestra experiencia, poco contribuiría a controlar la inflación.

En este contexto, las tasas de interés son negativas frente a la inflación real, pero positivas frente a la devaluación esperada, que finalmente es lo que cuenta en una economía bimonetaria como de hecho es la nuestra.

4 - A dónde vamos

En conclusión, creo que está agotado el modelo económico de 2006, que es distinto al de 2002. Si bien al comienzo sólo fueron unos desvíos, hoy la acumulación de desvíos desde el 2006 implica un cambio de dirección.

En la lógica que hoy domina las decisiones económicas, no correspondería esperar en el corto plazo una revisión de estas políticas. Por el contrario, no es descartable una lamentable profundización de la política de controles y conflictos por pretender apropiarse de la renta de diversos sectores, para alimentar una caja que es la base de un estilo de gestión política.

En este contexto correspondería esperar la continuidad de la inflación, en un marco de una economía en franca desaceleración. Esta desaceleración tendría causas fundamentalmente internas, pero el contexto internacional puede todavía agravar este pronóstico, ya que nuestros principales mercados, Brasil y Asia, son muy vulnerables a una recesión en los EE.UU.

Mantener por mucho tiempo más estos altos niveles de inflación es muy preocupante, ya que se detonan ciertos comportamientos que aceleran la inflación, como el acortamiento de los plazos, la acumulación de stocks, y la reinversión inmediata de los saldos líquidos. Todos estos comportamientos equivalen a aumentos de los agregados monetarios, ya que aceleran la velocidad de circulación, y sumados a la postergación de las inversiones, generan mayores presiones inflacionarias.

No obstante, cabe señalar que los problemas económicos son fácilmente superables, si se acepta el costo político de los principales ajustes. El año actual era el ideal para ir soportando los costos políticos de un incremento de las tarifas públicas que afectan a 50% más rico del país, y fundamentalmente a los habitantes de Buenos Aires. Esta sería la forma correcta de ir logrando simultáneamente el mejoramiento en tres temas clave: el incremento del superávit fiscal por la posibilidad de reducir subsidios; la menor presión inflacionaria generada por los sectores de mayor poder adquisitivo; y crear las condiciones para incrementar la inversión en infraestructura energética.

La desaceleración de la economía no tendría que ser ni larga ni profunda, ni tendría costos sociales, ya que inmediatamente se recuperaría la inversión, y la generación de empleo. Y sobre todo, volvería la esperanza de poder vivir y progresar en una nación republicana, donde se respeten los derechos y se generen las condiciones para erradicar la pobreza, que debe seguir siendo el principal objetivo de la política económica.