Durante años, el Banco Central se dedicó a regular los flujos de capital con una batería de medidas punitivas, incluyendo inspectores acompañados de policías, para detener a quien caminara por la calle San Martín con dólares en efectivo: la ley penal cambiaria disponía que los dólares «eran del gobierno», y que cualquiera debía vender sus dólares a un precio menor a su valor de mercado. También solicitarle al gobierno los dólares para pagar importaciones, capital y sus intereses. Hasta llegó a existir un «dólar Aerolíneas» para pagar los pasajes y los consumos con tarjetas de crédito realizados en el exterior.
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La introducción de un empréstito forzoso por parte del BCRA, aduciendo una delegación por parte del Ministerio de Economía -nula por ello, por carecer de competencia-, parece haber despertado la imaginación del sector privado en buscar cualquier excusa para movilizar capitales, sin correr el riesgo de depositar en un banco argentino 30% de los fondos. Contra ello, los funcionarios del BCRA luchan denodadamente blandiendo su lapicera como si se tratara de la espada del Cid. El lunes llegó el turno de la venta de inmuebles a no residentes, que el BCRA dispuso mediante Comunicación «C» 43.075. La norma dispone que si un no residente decidiera comprar un inmueble en construcción en el país, esa operación puede registrarse como ingreso cambiario por inversión directa (para no retener 30%) si: (1) la entidad puede certificar que el vendedor es cliente de la entidad, y cuenta con habitualidad en la construcción y venta de inmuebles; (2) la transferencia del comprador es efectuada a la cuenta del vendedor; y (3) los fondos remitidos son aplicados simultáneamente a pagar un boleto de compraventa.
El desarrollo de la Autopista del Sol generó inversiones por u$s 5 mil millones, y las proyecciones aseguran que el negocio sigue en crecimiento. Con la sanción de la ley de fideicomisos 24.441, el viejo «boleto de compraventa» de una fracción, inexistente desde el punto de vista legal -porque se trataba de una parte de un predio aún no dividido, atento a que debían concluirse las obras que el gobierno ordena para aceptar su subdivisión-, migró a un certificado de participación en un fideicomiso, cuyo subyacente es el predio, que luego es canjeado por el lote elegido.
En ningún caso se ha conocido un reproche a este régimen, ampliamente utilizado en los Estados Unidos, por ejemplo en aquellas zonas pantanosas de Florida, donde el nivel debe ser elevado para que las autoridades permitan la subdivisión.
Varias empresas iniciaron este camino, aunque los éxitos de mayor resonancia son los de Nordelta y EIDICO, que transformaron pantanos del Delta en barrios cerrados de la zona norte. Cualquier inversor compra un certificado de participación, las empresas toman a su cargo las obras de infraestructura para lotear el predio y las casas crecen como hongos, reemplazando los sapos y las montañas de basura que existían hace cinco años.
Bajo las nuevas normas del BCRA, esta operatoria es ilegal, porque: (1) no hay «boleto de compraventa» y (2) la transferencia la recibe el fiduciario y no el vendedor. Como los lotes y las casas que han de ser construidas no son «exportables» no califican como proyecto de inversión para la Com. A-4420, y por ello los «land developers» o desarrolladores deberán buscar fondos en el mercado local, ya que no puede existir « suscripción primaria» porque atentaría contra el buen marketing.
Este es sólo uno de los casos en los cuales las normas conspiran contra la economía, aunque no se pueda inferir mala intención de quienes la redactaron. Como lo señala Milton Friedman, cuanto más entregado está un burócrata a su función, más seguro se siente de que hace algo importante para el país.
Pero sucede que es imposible regular la inversión, que depende de la decisión de muchas personas, o modificar el factor total de productividad de la economía con regulaciones cambiarias. Corwin señala la tendencia de cualquier principio a expandirse hasta el límite de la lógica. En este caso, el Banco Central podría ver fantasmas que otros no perciben y amenaza todos los días con un fenómeno de «puerta 12» para cuando los flujos de divisas se inviertan como sucediera en 2001, o sus funcionarios han decidido iniciar una guerra santa contra algunos pícaros, que utilizan su imaginación para evitar que el Estado les quite sus recursos.
