La AFIP tiene facultades para bloquear el acceso del público a las cajas de seguridad en bancos por deudas impositivas, inclusive sin mediar una decisión judicial al respecto. Ya el organismo recaudador podía embargar cuentas corrientes y otros activos financieros, pero una resolución del Banco Central (por pedido de Economía, ya que es el brazo ejecutor) del último día hábil en la gestión Duhalde amplió las medidas a ser tomadas, las que desataron una fuerte polémica en el mercado financiero.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Por este motivo, anoche se dispuso postergar en el BCRA al 1 de julio la entrada en vigencia de las nuevas atribuciones de la AFIP para cobrar deudas de contribuyentes. Concretamente, la norma que terminó de completar los «superpoderes» a la AFIP fue la Comunicación A 3952 del 22 de mayo (ver texto completo en www.ambitoweb.com) que en su segundo capítulo habla del «Embargo General de Fondos y Valores y Embargo Individual de Activos Financieros Determinados».
El punto más polémico se centra en las disposiciones sobre las cajas de seguridad. «Cuando el embargo deba efectivizarse sobre cajas de seguridad abiertas a nombre del contribuyente, el banco podrá bloquear el acceso a la misma y a comunicar la respuesta a la AFIP», sentencia la disposición. Además, agrega que «el agente fiscal o el juez interviniente, según los criterios judiciales vigentes en cada jurisdicción, ordenará la emisión de un mandamiento de constatación de su contenido y el simultáneo embargo de los bienes o fondos existentes en la misma hasta cubrir el monto total en pesos reclamado».
Dado que en la mayoría de los casos las cajas de seguridad están a nombre de dos personas, si una de ellas tiene una deuda fiscal y es sujeta de embargo por la AFIP, la otra también pierde derecho a acceder a su contenido, ya que el banco no puede permitirle el acceso a la bóveda por esta disposición.
La génesis de este preocupante avance sobre la propiedad privada surgió de un funcionario del gobierno de Duhalde, que, al tomar conocimiento de que habría cerca de 25.000 millones de dó-lares billete en cajas de seguridad perteneciente a argentinos que huyeron antes del «corralito» (o después con amparos), intentó que la AFIP se concentre en este «nicho». Podría en forma similar bloquearse el acceso a un «colchón» de una persona por la presunción de que abajo del mismo hay dólares que pueden saldar deudas con la AFIP.
Fundamentalmente lo que se critica de la decisión es la falta de intervención judicial previa a una traba o embargo de la AFIP. De hecho, el organismo recaudador generó no pocos inconvenientes al disponer embargos de cuentas corrientes, cuando el contribuyente tenía al día los pagos a la AFIP. En las tres asociaciones de bancos este tema despertó una fuerte reacción (ABA, ADEBA, Abappra). En los próximos cinco días habrá contactos con la AFIP para que antes del 1 de julio se dé marcha atrás con varios puntos de la Comunicación A 3952, de dudosa constitucionalidad. Para una eventual apertura de una caja de seguridad, allí sí la AFIP necesita contar con una resolución judicial que lo habilite.
El capítulo «cajas de seguridad» siempre es sensible. De hecho, el avasallamiento de los derechos de propiedad reiterados en la Argentina, lo último fue el «corralito» y la pesificación, generó una apertura de cajas récord.
Dejá tu comentario