Surge otro polémico fideicomiso: el que garantiza depósitos

Economía

Desde hace varias décadas, la Argentina copia las instituciones del derecho extranjero, para luego deformarlas invocando razones de necesidad y urgencia. Lo hizo con la Constitución norteamericana, el Bank of England, la SEC, denominada aquí Comisión Nacional de Valores (CNV) y tiempo después copió al FDIC, entidad aseguradora de depósitos de los bancos en los Estados Unidos y creó Seguro de Depósitos SA ( SEDESA) luego de la corrida en el efecto tequila.

La actuación de SEDESA es muestra de la maraña de normas que benefician la elusión de responsabilidades. A través de un aporte de los bancos en relación a sus depósitos, un fondo de garantía asegura a los depositantes contra el riesgo de que el no se les devuelva el dinero, como lo hace el FDIC en los Estados Unidos. Cuando un banco debe ser liquidado, SEDESA paga los depósitos, o le entrega una suma equivalente a otra entidad que compra el activo del banco a liquidarse. Se supone que el Banco Central (que es el único que puede disponer sobre los fondos de SEDESA) ha evaluado a los nuevos accionistas, ha aceptado que los índices del banco comprador son correctos, y que existe una alta probabilidad de que la nueva entidad fusionada sea un éxito.

Pero hace un año, el Nuevo Banco Bisel («fundado» por el BCRA cuando los directivos del Crédit Agricole salieron de la Argentina) debió ser asistido por el Fondo de Garantía de Depósitos porque sus accionistas lo fundieron, antes de que fuera vendido. Su accionista era el Banco Nación.

En forma inminente, la asamblea de SEDESA debería aprobar el balance del Fondo de Liquidez Bancaria (FLB), creado por Decreto 32 el 27 de diciembre de 2001 por cinco años (concluyó el 27 de diciembre del año pasado). Por ese decreto, Adolfo Rodríguez Saá creó un fondo por más de u$s 1.000 millones, equivalente a 5% de los depósitos de las entidades. El BCRA les retiró de su cuenta corriente por mandato, para constituir un fideicomiso por cuenta y orden de las entidades, destinado a asistir a los bancos que soportaban corridas mayores que los demás, ya que su Carta Orgánica limitaba la asistencia que podía brindar.

El contrato de fideicomiso establecía que las operaciones debían ser aprobadas por el BCRA, y que éste debía informar al fiduciario ( SEDESA) los depósitos de cada banco para emitir los certificados de participación. Risueñamente el BCRA dispuso por circular que las entidades prendaran a su favor cartera de créditos, sugiriendo que en primer lugar eligieran los préstamos garantizados que un mes antes habían sido reestructurados. Por supuesto que los dólares invertidos por las entidades fueron convertidos por el Decreto 214/02 a pesos más CER.

Al reformarse la carta orgánica del BCRA que le permitió asistir con mayores redescuentos a las entidades, en mayo de 2002 éste otorgó uno a las deudoras del Fondo de Liquidez por el total del capital, y quedaron pendientes los intereses, equivalentes a más de $ 60 millones de mayo de 2002. Sin embargo, en el balance aparecen menos de $ 40 millones (casi 5 años después), porque SEDESA utilizó más de $ 30 millones para facilitar la compra de entidades con problemas para cuyo caso contaba con cientos de millones de dólares en el Fondo de Garantía de Depósitos.

  • Prudencia

    Debe suponerse que los directores del BCRA no son cleptómanos, por lo cual sería prudente que expliquen por qué teniendo fondos en una cuenta (la del Fondo de Garantía) usaron otra (del Fondo de Liquidez) para arreglar el entuerto. Tal vez se darían cuenta de que para estabilizar las entidades hacía falta más plata que la garantía de SEDESA, y aplicaron el Decreto 905 sobre los fondos del prójimo.

    Por supuesto que el Banco Central nunca indicó de quién eran los certificados de participación (como si no lo supiera), SEDESA nunca rindió cuentas como fiduciario conforme lo obliga la Ley 24.441, y el fideicomiso se mantuvo en el tiempo más allá de su poca utilidad ya reformulada la Carta Orgánica (aunque los fondos se usaran para fines no previstos en el contrato).

    Como SEDESA no sabe de quién son los fondos, el 27 de diciembre último se los devolvióal BCRA, que los debe teneren alguna cuenta sin saberqué hacer. En cualquier momento llegarán los reclamos, que darán lugar a nuevas emisiones de Bonos de Consolidación para cancelarlos. Si hubiese sido un contrato entre privados, seguramente existiría en estos momentos una batalla judicial, un sumario del BCRA por art. 41 de la ley, otro de la CNV y un escándalo en la prensa.

    Pero como la responsabilidad se diluye entre el BCRA y SEDESA, la CNV no hará nada, ya que tampoco los jueces penales entienden demasiado. Por leyes o decretos, el Estado ha creado « fideicomisos estatales», sin un esquema jurídico de tipo conocido en nuestro sistema. El Fondo de Garantía de Depósitos, el Fondo de Liquidez Bancaria o los Fideicomisos de Gas han sido constituidos con un «aporte» de propiedad del Estado que recauda de determinados obligados bajo su supervisión y que no tienen manera de negarse a ese aporte salvo decisión judicial firme.

    Así conforman una estructura administrativa dentro del Estado, constituida con el propósito de satisfacer necesidades colectivas, y debería estar incluido en la Ley de Presupuesto.

    La actuación de la banca oficial y de los reguladores en los fideicomisos sobre fondos públicos estatales no parece tener solución: no es de imaginar a funcionarios del BCRA o de la CNV instruyendo un sumario contra torpeza de sus superiores. La culpa no es del fideicomiso como institución, sino del uso que los reguladores le dan.
  • Dejá tu comentario