El problema de la recomposición de las tarifas de gas y luz no termina con el precio del gas en boca de pozo o el precio mayorista de la energía. Todavía falta ajustar los márgenes de la distribución y el transporte que, en ambos casos, equivalen a 50% de la tarifa final para el caso de un usuario residencial.
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El gobierno pretende postergar esta definición por lo menos hasta después del 1 de julio, y si prevalece la opinión de algunos legisladores, de que los ajustes deben pasar por el Congreso es posible que no haya definiciones hasta setiembre.
A esa situación, las empresas, al igual que las de los otros servicios públicos, responden con la necesidad de un ajuste inmediato para cubrir los costos de sus insumos y los intereses de la deuda con el exterior, cuyo peso varía según la empresa.
Pero lo cierto es que electricidad y gas son los únicos dos casos en que se superponen el aumento de lo que sería la materia prima y los márgenes de transportistas y distribuidores. Por eso, la situación resulta más complicada.
Los que piensan en este tema dentro del gobierno creen que las empresas deben esperar entre uno y dos años para volver a la situación anterior a la devaluación, y citan las crisis de los países asiáticos.
En ese lapso, habrá empresas que puedan tolerar la situación, algunas que se vayan y le hagan o no juicio al Estado, y otras que se queden y pidan indemnización. El caso de Camuzzi, distribuidora de gas en el sur del país, parece ser el más apremiante dentro del sector energético, porque el Estado les adeuda el subsidio al gas de los usuarios residenciales de la Patagonia por unos 150 millones de pesos.
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