Al tratarse de una norma que afecta a la Jefatura del Estado, la norma requería una mayoría calificada que fue alcanzada sin mayor problema porque contó con el respaldo de los dos principales partidos españoles: el gobernante PP (centroderecha) y los socialistas del PSOE.
Los votos de otros diputados liberales y conservadores permitieron que la ley saliera adelante con 299 votos a favor y 19 en contra, procedentes estos últimos de grupos de izquierda y nacionalistas radicales que exigen la celebración de un referendo para que se vote el paso de la monarquía constitucional a la república, un pedido que, según encuestas, cuenta con el favor del 62% de la población. Hubo además 23 abstenciones de los nacionalistas de derecha y de un socialista que rompió la disciplina partidaria.
La ley pasa ahora al Senado, que la debatirá y votará el martes 17, tras lo cual se hará efectiva la renuncia de Juan Carlos de Borbón, quien la anunció al país el 2 de este mes y la justificó en que quería dar paso a una nueva generación, personificada en su hijo Felipe, capaz -afirmó- de generar renovado impulso.
En el debate previo a la votación, PP y PSOE coincidieron en que el reinado de Juan Carlos I, que comenzó en noviembre de 1975, fue fructífero y que trajo consigo la consolidación de la democracia y las libertades.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, elogiaron el papel moderador del rey y su labor de arbitraje.
Rajoy enmarcó en la normalidad constitucional la aprobación de la ley que permite la abdicación y defendió la monarquía como la forma de Estado que mejor garantiza la continuidad y la estabilidad de las instituciones, así como de la convivencia pacífica.
Pérez Rubalcaba garantizó el apoyo socialista a la ley para la abdicación porque con ello "se cumple la Constitución" y además se reafirma la fidelidad de su partido al pacto que dio origen a esa norma de 1978.
Rajoy y Rubalcaba destacaron las cualidades del futuro Felipe VI y su preparación, aunque el líder socialista (a punto de abandonar su cargo) pidió que su llegada al trono coincida con un "tiempo nuevo" de cambios institucionales y renovación democrática.
Los nacionalistas vascos y catalanes (ver nota aparte) que se abstuvieron también pidieron que la llegada del nuevo rey dé paso a cambios en la estructura del Estado que permita que los ciudadanos de ambas regiones puedan decidir acerca de su propio futuro en referendos independentistas.
El portavoz de Izquierda Plural (once diputados), Cayo Lara, subrayó que el pueblo es soberano y debería poder decidir qué forma de Estado quiere, al tiempo que aseguró que la sucesión es "una maniobra palaciega que se presenta como regeneración democrática, pero es sangre nueva para una dinastía decrépita".
| Agencias EFE y AFP |
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