Bullrich pide declaración jurada a policías

Patricia Bullrich

El Ministerio de Seguridad ordenó ayer que cada integrante de las fuerzas federales tendrá la obligación de presentar su declaración jurada patrimonial en la institución a la que pertenece, actualizándose en cada ascenso o cuando transcurran cinco años.

Las declaraciones juradas estarán a disposición de la Dirección Nacional de Control de Integridad del Ministerio y deberán ser entregadas en un plazo no mayor de noventa días hábiles.

"Vamos a comenzar con la media del pedido de declaración jurada, creemos que no va a haber ningún tipo de problemas", dijo ayer Patricia Bullrich antes de la oficialización de la medida.

La decisión, firmada por Bullrich, alcanza a 115.263 agentes de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): la información quedará a disposición de las autoridades para auditorías internas, con el fin de detectar y prevenir potenciales casos de corrupción dentro de las fuerzas federales.

"Junto al presidente Mauricio Macri asumimos el compromiso de darle claridad a toda nuestra gestión. Esta medida es una contribución más a la firme decisión de ordenar nuestras instituciones para que ustedes puedan acceder a la información de manera simple y rápida", dijo la funcionaria ayer en su cuenta de Facebook.

Hasta ahora, esa información era solicitada sólo a los poseedores de los grados máximos en cada fuerza: con la nueva resolución del Ministerio de Seguridad, la obligación alcanzará al menos a las cuatro primeras jerarquías.

En marzo pasado, el Ministerio de Seguridad bonaerense decidió exigir la declaración jurada de bienes a los oficiales superiores de la Policía provincial, aunque la determinación de Bullrich reclama el detalle de propiedades a todos los integrantes de las cuatro fuerzas federales, incluyendo a sus familiares directos: la información requerida deberá incluir, además, los bienes de los cónyuges e hijos no emancipados.

El Ministerio de Seguridad afirmó que la medida está en línea con la "Convención Interamericana contra la Corrupción", que establece "el compromiso de desarrollar sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas".