Casanello procesó a Báez por lavado e indagará a Echegaray

 El cerco judicial que se cierne desde hace dos semanas sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez, terminó ayer por cerrarse. El juez federal Sebastián Casanello dispuso su procesamiento con prisión preventiva por considerarlo responsable del delito de lavado de dinero, generado a través de la evasión fiscal de sus contratos con la obra pública. Además, comenzó el desguace de su imperio: le trabó un embargo por $100 millones, ordenó el secuestro y embargo de todos sus vehículos (incluyendo los aviones), congeló sus fondos, dispuso la tasación de más de 50 propiedades relacionadas con él, e intervino sus empresas. El magistrado también procesó a todos los involucrados en la trama, y sorprendió con el llamado a indagatoria y prohibición para salir del país de Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, a quien señaló como cómplice de las maniobras realizadas por el empresario en perjuicio del Estado.

En una extensa resolución de más de 120 carillas, Casanello resolvió la situación procesal de todos a quienes había ordenado indagar, a la vez que disparó una batería de citaciones extensivas a quienes considera parte de una maniobra de lavado, cuyo epicentro fue la financiera SGI. El magistrado también procesó con prisión preventiva al contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, y a su hijo, Martín, aunque no dispuso su detención. Lo mismo definió para César Fernández, quien figuraba al frente de la "cueva" luego de la compra a Federico Elaskar; a Fabián Rossi, exmarido de la vedette Ileana Calabró; a Walter Zanzot, presidente de la empresa de taxis aéreos Top Air; y al hijo del contador de Báez, Sebastián Pérez Gadín. A todos ellos, les trabó embargos por $ 100 millones.

El juez consideró que la maniobra se realizó a través de la evasión tributaria en los contratos de obra pública centralizados en Austral Construcciones y sus firmas satélite, mediante la utilización de facturas apócrifas -con base en Bahía Blanca- para luego trasladar el excedente en aviones de Top Air. Esos fondos eran finalmente canalizados a través de SGI, la que fue adquirida, según el juez, para poder blanquear más fácilmente el dinero y evitar controles de terceros. A toda la prueba, Casanello adjuntó documentos, cheques y registros recopilados en allanamientos a lo largo de la investigación. Además, para el juez, Báez mintió en su indagatoria sobre el origen real de los más de u$s 5 millones que eran contados en las imágenes de SGI, que no guardaban relación con una operación inmobiliaria como el acusado argumentó.

Casanello desplegó un análisis patrimonial de la fortuna del empresario y de los balances de Austral, lo mismo que del resto de los imputados.

Echegaray, hoy al frente de la AGN, tendrá que presentarse el 3 de mayo a las 10 en su juzgado.

"Nos encontramos ante una defraudación tributaria en perjuicio del Estado que, inevitablemente, debió ser perpetrada con la anuencia y complicidad de los más altos estrados de la Administración Federal de Ingresos Públicos", señaló Casanello, quien describió viajes en los aviones de Báez de funcionarios de AFIP y de Vialidad, que debían controlarlo. A Echegaray también le impidió salir del país.

Captura e indagatorias

En la misma resolución, ordenó la captura internacional del abogado Jorge Chueco (desaparecido y cuya búsqueda se orienta en países limítrofes con presunta salida a través de Misiones). Del mismo modo, citó a indagatoria a Ruben Toninelli, exdirector de la Dirección General Impositiva de la AFIP, y pasajero de los vuelos de Báez. Lázaro deberá ampliar su indagatoria el 5 de mayo también por el supuesto reingreso de bonos, que habrían sido depositados en las cuentas de Austral Construcciones por u$s 33 millones, eje sobre el que la Cámara Federal exigió profundizar. Su hijo está citado para el día siguiente. Al presidente de Austral Construcciones, Julio Enrique Mendoza lo citó a indagatoria para el 10 de ese mes, inhibió sus bienes y le prohibió salir del país. Lo mismo al apoderado Claudio Bustos, Eduardo César Larrea, y quien figura como titular de la vidriosa Helvetic Services Group, Marcelo Ramos.

"Es un hecho plenamente probado que la empresa Austral Construcciones, en el marco de las obras que le fueron adjudicadas por el Estado, aparece contratando a por lo menos cuatro empresas que podrían denominarse fantasmas", señaló el juez, lo que considera la génesis de la "defraudación tributaria". "Toda esa grotesca operatoria llamó la atención de algunos de los inspectores de la AFIP-DGI Bahía Blanca, pero estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de la Regional Bahía Blanca", subrayó el juez. En varios tramos de su escrito, el magistrado señaló que la hipótesis que esgrime es coincidente con los dichos del "arrepentido" Leonardo Fariña. Y también utilizó cruces telefónicos y ubicación de antenas de celulares para denotar situaciones particulares que coincidían con el supuesto envío de remesas a SGI.

Videos

Casanello hizo, a través de los videos, un repaso detallado del rol que cada uno habría tenido en la organización, a la vez que consideró que las imágenes denotan un "simbolismo brutal". A Lázaro lo ubicó en el control remoto de todo lo que acontecía, a su hijo Martín como su delegado, y a Pérez Gadín como quien tomaba las decisiones dentro de SGI. Todo el resto tenía roles secundarios o recibían órdenes de los protagonistas principales.

Casanello también requirió la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objeto de "identificar y localizar" todo tipo de bienes que los imputados, así como también las empresas que integran o de las que se beneficiaron, puedan registrar en otros países, "en miras de articular la recuperación de activos, productos o instrumentos de las actividades ilícitas". De igual manera, el juez federal libró nuevamente exhortos a Suiza, Belice, Panamá, Estados Unidos, Uruguay y España.

A su vez, fulminó con la descripción del congelamiento, tasación e inhibición para cualquier tipo de operatoria de venta de todos los bienes (medio centenar de casas, lotes y chacras) y también de los inmuebles pertenecientes a las firmas SGI, Helvetic Services Group y OACI S.A.

"Semejante cantidad de dinero (montañas), en moneda local y extranjera, no podía ser objeto de una transferencia bancaria o depósito en instituciones formales sin disparar la inmediata alerta de los sujetos obligados", apuntó Casanello para quien la utilización de la "cueva" era el modo de encubrir el origen ilícito de los fondos.

Las indagatorias que prestaron los miembros de SGI serán enviadas por la posible comisión de otros delitos.