Gobierno apura su ley sobre responsabilidad empresarial; dudas por Mercado de Capitales

La iniciativa establece multas y suspensiones para los delitos contra la administración pública y por cohecho transnacional. Mauricio Macri pidió por la norma el miércoles pasado durante la Asamblea Legislativa.

El Gobierno nacional dio la orden y el oficialismo apurará desde la próxima semana el proyecto de ley que establece un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas por "delitos contra la administración pública y por cohecho transnacional".

La puesta en funciones de un plenario de comisiones desde el martes próximo responde al pedido que realizó Mauricio Macri el miércoles pasado, cuando activó en la Asamblea Legislativa un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso nacional.

Ese día, Macri destacó: "La ética y la transparencia no es sólo una obligación del sector público sino que compromete también al sector privado. Por eso, siguiendo los más altos estándares internacionales, pido al Congreso que debata y sancione la ley de Responsabilidad Empresaria".

La iniciativa, en realidad, aterrizó al Congreso el año pasado, en un texto de 32 páginas firmado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

El proyecto define como personas jurídicas "a las sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, ya sean nacionales o extranjeras, con o sin participación estatal".

Serán sancionados con una multa de entre el 1% y el 20% "de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito". También se considerará la "suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años", la "suspensión del uso de patentes y marcas, que en ningún caso podrá exceder de 10 años"; la "pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales de los que gozare" y la "suspensión para acceder a dichos beneficios o en cualquier actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de 10 años".

Para gatillar las sanciones se tendrán como criterios "la cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados y colaboradores involucrados en el delito", "la comisión directa por propietarios, directivos o integrantes, o a través de representantes, apoderados o proveedores; y la "naturaleza, dimensión y capacidad económica de la persona jurídica".

También se considerará la "gravedad del hecho ilícito", la "posibilidad de que las sanciones ocasionen daños graves a la comunidad o a la prestación de un servicio público", la "existencia y alcance de un sistema de control y supervisión interno de la persona jurídica" y la "cooperación prestada para el esclarecimiento del hecho, el comportamiento posterior, y la disposición para mitigar o reparar el daño", entre otras cuestiones.

En las próximas horas la diputada radical y titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, enviará la convocatoria formal para el plenario que realizará con la comisión de Legislación General, que comanda el legislador del PRO, Daniel Lipovetzky.

Una ley que aún no debatirá la cámara de Diputados es la referida al Mercado de Capitales. El viernes pasado, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró a este diario que era prioritaria la ley y que a la brevedad sería tratada en comisión.

Sin embargo, la convocatoria que debe activar la comisión de Finanzas que maneja Eduardo Amadeo (PRO) aún no definió el llamado y, según confiaron asesores de Diputados, al menos durante los próximos 15 días no se debatirá el proyecto.

El cuerpo que comanda Amadeo deberá analizar la ley en plenario con la de Presupuesto y Hacienda que lidera Luciano Laspina, también del PRO.