Los especialistas señalaron un gran número de fallas en la investigación y dijeron que hay indicios de que los cinco detenidos que confesaron el crimen fueron torturados, lo cual pone más presión al Gobierno de Enrique Peña Nieto en un caso que despertó indignación dentro y fuera del país.
La fiscalía federal había presentado en enero lo que llamó "la verdad histórica" sobre los estudiantes, y señalado que habían sido asesinados y luego quemados por el cartel Guerreros Unidos, luego de ser confundidos por sicarios de un bando enemigo.
Sin embargo los expertos, entre los que se encuentran la exfiscal colombiana Ángela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, pidieron un peritaje al especialista peruano José Torero -quien participó en los estudios posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York- que estableció que en el lugar no hubo un incendio de dimensiones como para quemar 43 cuerpos.
"Hay enormes contradicciones entre el peritaje y las versiones dadas por los inculpados. Ese evento (la quema en Cocula), tal y como ha sido descripto, no pasó, dijo el español Carlos Beristain, uno de los integrantes del grupo.
De acuerdo con la estimación de Torero, para incinerar 43 cuerpos deberían haberse utilizado 30 toneladas de madera y el fuego tuvo que arder por 60 horas. Además, la llama tendría que haber alcanzado 7 metros y el humo 300 metros, lo que habría llamado la atención de la población.
El 26 de septiembre de 2014, un centenar de estudiantes, pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, llegaron a Iguala para apoderarse de colectivos que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a balazos por policías municipales y sicarios. Tres murieron durante los ataques, que duraron varias horas. Los restos calcinados de uno de ellos fueron identificados y 42 permanecen desaparecidos.
En reacción al informe del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de casi 500 páginas, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en su cuenta de Twitter que dio indicaciones a distintas dependencias de su administración para que analicen las recomendaciones que incluye. Mientras que la fiscal Arely Gómez comunicó que ordenará un nuevo peritaje a un cuerpo colegiado de peritos forenses de alto nivel, para establecer cuál fue el destino de los estudiantes.
Uno de los aspectos que los expertos recomendaron investigar es que se debe establecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estuvieron al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para frenar un ataque masivo contra los jóvenes desarmados, en pleno centro de la ciudad. El GIEI señaló que el Gobierno emitió confusos reportes acerca del quinto autobús en el que viajaban los estudiantes y que podría haber contenido drogas o dinero del cartel Guerreros Unidos, que opera en la zona y habría tratado de recuperarlo en complicidad con fuerzas de seguridad. Y pidió a la Procuraduría General de la República que ahonde en la investigación de este punto, basado en que Guerreros Unidos utiliza colectivos para trasladar heroína a Chicago, uno de sus principales mercados.
| Agencias Reuters, AFP y EFE |
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