Rosatti defendió su designación “en comisión” para la Corte

Horacio Rosatti expuso ayer ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Lo evaluaron Miguel Pichetto y Adolfo Rodríguez Saá, entre otros. Carlos Rosenkrantz (de pie) expondrá el próximo miércoles. Son candidatos para la Corte.

El candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti justificó ayer ante el Senado su designación "en comisión" mediante un decreto presidencial, pero aclaró que ese mecanismo no se contraponía con el procedimiento regular. "El mecanismo (de la designación en comisión) es aplicable para los jueces de la Corte Suprema, está en la Constitución y viene de la Constitución originaria", señaló el postulante al máximo tribunal luego de que Miguel Pichetto, jefe de bancada del FpV, rechazara ese procedimiento.

No obstante, Rosatti aclaró que es "imprescindible no desligar el artículo 1 (del decreto) del artículo 2" porque "por el 1 se aplica el 99 inciso 19 de la Constitución (referido a nombramientos en comisión) para resolver una cuestión urgente e inmediatamente, en el artículo 2, se pone en marcha el funcionamiento del Decreto 222 para la selección de los candidatos". En este sentido, el abogado santafesino, exministro de Justicia de Néstor Kirchner, explicó que a partir de la advertencia de los senadores acerca de que no tratarían su pliego en caso de que prestara juramento en comisión, "lo que estaba planteado en términos de 'y' quedó planteado en términos de 'o', es decir, o un mecanismos u otro".

Ahora, la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el salteño Rodolfo Urtubey (FpV-PJ), recibirá el miércoles próximo al segundo postulante propuesto por el Poder Ejecutivo para la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien también contestará preguntas de legisladores y de asociaciones civiles sobre temas diversos en una audiencia pública similar a la de ayer. Rosatti destacó en su exposición que él impulsó "la declaración de responsabilidad del Estado en el caso del atentado a la AMIA", al responder una de las preguntas que se le formularon durante la audiencia pública en el Senado.

Al postulante se le había pedido su opinión sobre el valor constitucional de los tratados internacionales de los derechos humanos y la jurisprudencia de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una pregunta presentada por Abuelas de Plaza de Mayo y por el CELS. "Creo en el sistema interamericano de derechos humanos al punto que cuando fui ministro de Justicia impulsé la declaración de responsabilidad del Estado en el caso del atentado a la AMIA", afirmó Rosatti ante la Comisión de Acuerdos.

El jurista recordó que eso se plasmó en el "Decreto 812 de 2005, donde la República Argentina por primera vez asume la responsabilidad internacional por el atentado a la AMIA en el marco de una investigación que había sido llevada adelante por la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Por otra parte, también afirmó que considera "que es constitucional" obtener ADN de una persona mayor de edad contra su voluntad para determinar si es hijo de desaparecido de la última dictadura militar, al responder a una pregunta formulada por Abuelas de Plaza de Mayo.

El candidato a ministro de la Corte sostuvo que los jueces "deben pagar" el Impuesto a las Ganancias y que la tenencia de drogas para consumo personal "debe ser despenalizada". Al responder preguntas, señaló que "los jueces deben pagar Ganancias", impuesto del que actualmente están exentos, y agregó: "Ya fallé en ese sentido en 2006 como conjuez". Respecto de la tenencia de drogas para consumo personal, consideró que "debe ser despenalizada" y que "la persona que se droga no debe ser penalizada; debe ser aplicada la medicina y no el derecho penal".

Rosatti y Rosenkrantz habían sido designados por Macri "en comisión" mediante un decreto, medida que despertó las críticas de propios y extraños y obligó al Gobierno a corregir el rumbo y dar curso al mecanismo institucional convencional. En la Comisión de Acuerdos se analizarán las diferentes observaciones presentadas ante el Senado durante los últimos 15 días, entre las cuales hay algunas impugnaciones presentadas por organizaciones no gubernamentales.

El bloque del PJ-FpV tiene en su poder la llave para la eventual aprobación del nombramiento de ambos jueces, dado que se requiere una mayoría especial de dos tercios a la que el oficialismo no puede llegar por sí solo.