La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó formalmente sin efecto la condena de u$s16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF, mediante una nueva resolución que incorpora al expediente de primera instancia el fallo favorable al Estado nacional dictado en marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos.
Paso clave en el juicio por YPF: la jueza Loretta Preska anuló la condena de u$s16.000 millones contra Argentina y se acerca el cierre definitivo
La magistrada de Nueva York formalizó la decisión de la Cámara de Apelaciones que revocó la millonaria indemnización por la expropiación de la petrolera en 2012. El fallo representa un nuevo avance judicial para el Estado argentino, aunque los demandantes todavía buscan que la Corte Suprema de Estados Unidos revise la sentencia.
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La anulación de la condena representa un resultado judicial de importancia económica para la Argentina por la magnitud de la indemnización que había sido fijada.
La decisión, conocida como amended final judgment (sentencia definitiva modificada), permite cerrar formalmente el proceso ante el juzgado de Preska, que había condenado al país en septiembre de 2023 por el presunto incumplimiento del estatuto de YPF durante su estatización. Sin embargo, la disputa judicial todavía no terminó, ya que los fondos demandantes presentaron un recurso ante la Corte Suprema estadounidense para intentar restablecer la indemnización.
El nuevo pronunciamiento consolida, por el momento, la eliminación de uno de los mayores pasivos judiciales que enfrentaba el Estado argentino en el exterior. Aunque la medida no modifica la resolución de fondo adoptada por la Cámara de Apelaciones, formaliza sus consecuencias procesales y deja sin vigencia la sentencia que obligaba al país a pagar más de u$s16.000 millones.
Qué resolvió la jueza Loretta Preska en el juicio por YPF
La magistrada estadounidense emitió una resolución para adaptar su sentencia original a lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito el 27 de marzo de 2026.
En aquella oportunidad, el tribunal de segunda instancia revocó la condena contra la Argentina y consideró que las reclamaciones por incumplimiento contractual planteadas por los antiguos accionistas minoritarios de YPF no tenían sustento jurídico bajo el derecho argentino aplicable.
El fallo representó un cambio sustancial respecto de la interpretación que había realizado Preska en 2023, cuando determinó que el Estado argentino debía indemnizar a los demandantes por no haber presentado una oferta pública para adquirir sus acciones durante la estatización.
Ahora, mediante la sentencia definitiva modificada, la jueza incorporó oficialmente el resultado de la apelación al expediente de primera instancia.
De esta manera, la obligación de pagar los u$s16.100 millones, establecida originalmente en septiembre de 2023, permanece anulada.
La resolución también desestima, en esta instancia, la pretensión de los demandantes de postergar el cierre formal del expediente mientras continúa el intento de llevar el caso ante la Corte Suprema.
La Corte Suprema de Estados Unidos tiene la última palabra
Pese a la decisión de Preska, el proceso judicial conserva una instancia pendiente.
Los demandantes, entre ellos las sociedades Petersen Energía y Eton Park, recurrieron a la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones que benefició a la Argentina.
El litigio está vinculado con Burford Capital, firma internacional especializada en financiamiento de litigios que adquirió derechos económicos relacionados con el reclamo.
El recurso fue presentado a comienzos de octubre y busca que el máximo tribunal estadounidense examine la interpretación jurídica utilizada por la Cámara para desestimar las reclamaciones.
La Corte Suprema deberá decidir primero si acepta intervenir en el caso. Esa instancia no implica automáticamente una revisión del fondo de la controversia.
Si rechaza el pedido, se mantendrá la decisión favorable a la Argentina. En cambio, si acepta revisar el expediente, se abrirá una nueva etapa judicial cuyo resultado no está definido.
Por lo tanto, el cierre del proceso ante Preska constituye un avance procesal para el Estado nacional, pero no equivale todavía a la finalización definitiva de todos los recursos disponibles.
Por qué Argentina había sido condenada a pagar más de u$s16.000 millones
El conflicto judicial se originó en la expropiación del 51% de las acciones de YPF, impulsada en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Hasta entonces, ese paquete accionario pertenecía a Repsol, la compañía energética española que controlaba la petrolera argentina.
La estatización fue aprobada por el Congreso y estuvo vinculada con la decisión del Gobierno de recuperar el control de la principal empresa hidrocarburífera del país.
Sin embargo, la operación dio lugar a una disputa sobre la aplicación del estatuto societario de YPF.
Los accionistas minoritarios sostuvieron que el Estado argentino debía realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida al resto de los accionistas al tomar el control de la compañía.
Al no concretarse esa oferta, iniciaron una reclamación por los perjuicios económicos que, según argumentaron, les había ocasionado el incumplimiento del estatuto.
En septiembre de 2023, Preska aceptó esa interpretación y condenó a la Argentina a pagar aproximadamente u$s16.100 millones en concepto de daños e intereses acumulados hasta ese momento.
La decisión fue apelada por el Estado argentino, que cuestionó la interpretación del derecho nacional utilizada para fundamentar la condena.
Finalmente, en marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo al considerar que los reclamos contractuales formulados contra el Estado no eran jurídicamente admisibles bajo la legislación argentina.
El tribunal también mantuvo la decisión que había rechazado los reclamos contra la propia YPF, por lo que la petrolera no quedó alcanzada por aquella condena económica.
El origen del reclamo de Burford Capital
El proceso judicial comenzó en 2015, después de que Burford Capital adquiriera derechos vinculados con la demanda de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, relacionadas con el grupo empresario de la familia Eskenazi.
Ese grupo había adquirido una participación minoritaria significativa en YPF antes de la estatización.
La operación de compra había sido financiada mediante créditos cuyo pago dependía, en parte, de los dividendos distribuidos por la petrolera.
Tras la expropiación y la modificación de la política de distribución de dividendos, las sociedades Petersen enfrentaron dificultades financieras y terminaron en procesos concursales en España.
Posteriormente, el reclamo judicial fue impulsado en Estados Unidos, donde los demandantes argumentaron que el Estado argentino había incumplido obligaciones derivadas del estatuto de la compañía.
El litigio también involucró a Eton Park, otro antiguo accionista minoritario de YPF.
La situación de estos inversores fue diferente de la de Repsol, que en 2014 alcanzó un acuerdo de compensación con la Argentina por aproximadamente u$s5.000 millones en bonos soberanos.
Qué significa el fallo para el Estado argentino
La anulación de la condena representa un resultado judicial de importancia económica para la Argentina por la magnitud de la indemnización que había sido fijada.
El monto original de u$s16.100 millones, que posteriormente continuó acumulando intereses mientras estuvo vigente la sentencia, constituía una contingencia significativa para las cuentas públicas.
La decisión de la Cámara de Apelaciones eliminó esa obligación judicial, y la nueva resolución de Preska formaliza el resultado ante el tribunal que había dictado la condena.
Sin embargo, la eventual revisión del caso por parte de la Corte Suprema estadounidense mantiene abierto un margen de incertidumbre jurídica.
El exsubprocurador del Tesoro de la Nación Sebastián Soler destacó el alcance procesal de la resolución y señaló que la magistrada dejó sin efecto su sentencia anterior en cumplimiento de lo dispuesto por el tribunal de apelaciones.
La próxima definición relevante llegará desde la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá determinar si admite el recurso de los demandantes. Hasta entonces, la condena multimillonaria contra la Argentina continuará anulada y el expediente de primera instancia permanecerá formalmente cerrado.
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