Sindicatos energéticos en alerta: "Crecen las inversiones, no llega el derrame"

La confederación sindical cuestionó que los grandes proyectos, incluidos los beneficiados por el RIGI, reciban ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias sin compromisos concretos de empleo local, salarios dignos y participación de proveedores nacionales.

La CATHEDA reafirma su disposición al diálogo con interlocutores válidos para encontrar soluciones a las situaciones planteadas.

La Confederación Argentina de Trabajadores de Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA) declaró el estado de alerta por la situación de los trabajadores del sector energético y cuestionó que el crecimiento de las inversiones no se traduzca en mejoras salariales, empleo de calidad ni beneficios concretos para las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

En un comunicado recibido por Energy Report, las organizaciones sindicales que integran la entidad advirtieron que la recuperación económica que promueven el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, todavía no tiene el impacto esperado sobre los trabajadores. Según plantearon, los salarios continúan perdiendo poder adquisitivo y el impuesto a las Ganancias vuelve a alcanzar a parte de los empleados.

“Crecen las inversiones, no llega el derrame”, sintetizó la organización, que puso el foco en la distancia entre los incentivos otorgados a los grandes proyectos y las condiciones laborales de quienes sostienen las actividades energéticas.

La advertencia también alcanza a la minería y a la actividad petrolera, en un contexto de grandes inversiones aprobadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para la CATHEDA, los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que reciben estos emprendimientos deben estar acompañados por obligaciones concretas en materia de empleo, salarios, seguridad y desarrollo local.

La CATHEDA reúne a organizaciones sindicales de distintas ramas de la energía y los servicios esenciales. Entre las entidades que la integran se encuentran la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH), el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA), la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, la Federación del Interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio (FITESGRA), Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Federación de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica y la Unión Ferroviaria, entre otras.

Además, adhieren organizaciones vinculadas con el transporte de cargas, el personal jerárquico del gas y los trabajadores de obras sanitarias. Su alcance abarca actividades que van desde los hidrocarburos y los combustibles hasta la generación eléctrica, el gas, el transporte y el saneamiento, sectores que forman parte de los reclamos incluidos en el comunicado.

El reclamo por el empleo argentino y los proveedores nacionales

Uno de los principales cuestionamientos de la confederación apunta a la falta de compromisos específicos que, según su planteo, acompañen los incentivos concedidos a los proyectos de gran escala.

La entidad reclamó que las inversiones que acceden al RIGI garanticen trabajo argentino y registrado, respeto de los convenios colectivos de trabajo y salarios dignos. También pidió una mayor participación de proveedores nacionales y condiciones de seguridad laboral adecuadas.

“Los recursos naturales del país no pueden generar riqueza para unos pocos mientras los trabajadores quedan al margen”, sostuvo la organización en el documento, que lleva la firma de Guillermo Moser, de Luz y Fuerza y presidente de la entidad, y Guillermo Mangone, del gremio de trabajadores del gas natural y vicepresidente 1°.

El planteo incorpora, además, una dimensión territorial. La CATHEDA consideró que los proyectos deben generar mejoras concretas en la infraestructura de las regiones donde se instalan, ampliar y mejorar el acceso de las comunidades a los servicios públicos y promover la incorporación de valor agregado dentro del país.

El reclamo se produce en momentos en que la Argentina busca acelerar inversiones en hidrocarburos, minería e infraestructura energética, con proyectos de gran escala que apuntan a incrementar la producción y las exportaciones. La organización sindical sostuvo que ese crecimiento debe reflejarse también en las condiciones de vida y de trabajo de la población.

Servicios públicos: alerta por la sustentabilidad y la operación

El comunicado también expresó preocupación por la situación económica de los servicios públicos esenciales, en particular el transporte, el gas, el agua y la energía eléctrica.

Según la CATHEDA, la falta de sustentabilidad económica de estas actividades puede comprometer el mantenimiento de las instalaciones, la operación segura y la continuidad de las prestaciones para los usuarios.

La entidad vinculó esta preocupación con la necesidad de sostener las inversiones que requieren los sistemas de servicios públicos y garantizar condiciones adecuadas para quienes trabajan en ellos.

Otro de los puntos señalados fue la incorporación de nuevas tecnologías. La confederación advirtió que la modernización de los procesos productivos no puede realizarse de manera indiscriminada ni desligada de sus consecuencias sobre el empleo.

En ese sentido, reclamó que las transiciones tecnológicas contemplen la defensa de los puestos de trabajo, la selección adecuada de las tecnologías y la capacitación profesional de los trabajadores de cada actividad.

Seguridad laboral y advertencia por la sobreexigencia

La CATHEDA también denunció problemas de seguridad laboral que atribuyó a la falta de inversión, la sobreexigencia de los trabajadores y el desinterés de las autoridades competentes.

El planteo suma la prevención de riesgos a una agenda que incluye salarios, condiciones de contratación, convenios colectivos y participación de los trabajadores en los beneficios del crecimiento económico.

La organización no limitó su reclamo a las empresas privadas ni a los proyectos de inversión, sino que también señaló la responsabilidad de las autoridades en el control de las condiciones de trabajo y en la protección de los servicios esenciales.

Pese a la dureza de sus cuestionamientos, la confederación afirmó que mantiene abierta la posibilidad de negociar con representantes que tengan capacidad de decisión. “La CATHEDA reafirma su disposición al diálogo con interlocutores válidos para encontrar soluciones a las situaciones planteadas”, concluyó el comunicado.

De esta manera, la entidad sindical puso en discusión cómo se distribuyen los beneficios de la expansión energética y minera, y reclamó que el crecimiento de las inversiones se traduzca en empleo registrado, mejores salarios, desarrollo de proveedores nacionales y condiciones laborales seguras.