Interrupción voluntaria del embarazo: una libertad más, una vergüenza menos

La conquista de esta nueva libertad fue principalmente de todas las niñas y mujeres que quedaron en el camino, cuando solas tuvieron que decidir.

Télam

Una libertad más: la de toda persona gestante a decidir voluntariamente y de manera segura qué hacer con el embarazo en su cuerpo, sin imposición de la ley de continuarlo bajo sanción penal.

Descuento que el Presidente de la Nación no vetará y promulgará la ley aprobada por ambas cámaras legislativas con la composición de todos los partidos políticos. Esto obligará al Estado a cambiar su visión y alinearse con otros 66 países en donde la conducta ya no está prohibida.

Hasta la semana pasada, y desde 1921, Argentina sancionaba el aborto con pena de cárcel. A partir de la nueva ley deberá facilitar los medios para que esa decisión pueda ser tomada de manera segura.

En el tránsito legislativo –igual que en 2018- se debatió mucho sobre el tema: obligatoriedad o voluntariedad, clandestinidad o legalidad, igualdad de derechos, comienzo de la vida, gratuidad o no, ponderación de valores, entre otros argumentos más o menos científicos (y en ocasiones lamentables).

Prevaleció el derecho a decidir qué hacer y la libertad de no tolerar lo no deseado, aún en situaciones dilemáticas. Esa fue la clave.

¿Pero cómo se obtuvo?

Una vez más quedó en evidencia que en los Estados de derecho las libertades se conquistan, con la Constitución en la mano.

A veces demandan poco tiempo, a veces mucho, pero el logro no es de una sola persona. Así fue por ejemplo con la ley de paridad de género en política, de matrimonio igualitario, de divorcio, de jornada limitada de trabajo y con la reforma universitaria.

¿Acaso allí el mérito exclusivo fue, respectivamente, de los entonces presidentes Mauricio Macri (paridad de género en política), Cristina Fernández (matrimonio igualitario), Raúl Alfonsín (divorcio vincular), Hipólito Yrigoyen (jornada limitada de trabajo y reforma universitaria)?

No, ellos en sus cargos presidenciales cumplieron sus funciones públicas de canalizar las demandas de libertad por los carriles institucionales. El mérito verdadero fue de todos aquellos que desde su lugar aportaron para que el logro sea posible.

A veces iniciado por una o un grupo de personas, en general de posiciones minoritarias y particularmente criticados y hasta discriminados. En otras ocasiones “aprovechado” por quien en turno ejerce un cargo público.

Con la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo sucedió igual.

Si, cada legislador y legisladora que votó afirmativamente el proyecto se inclinó por la defensa de la libertad, la salud integral y la igualdad, por sobre otros valores que pudieran tener. Ese hecho se apoyó con el reclamo ciudadano –principalmente de mujeres-, y también se nutrió con avances anteriores que debemos recordar. Subrayemos la jerarquización constitucional de tratados internacionales de derechos humanos (1994), la ley de educación sexual integral (2006), la sentencia F.A.L. dictada por la Corte Suprema de Justicia (2012) e incluso lo expuesto en el debate legislativo de 2018. Todo aportó.

Después de décadas de intentos, de la vergüenza que causaba saber que mujeres morían por prácticas clandestinas mientras el Estado sólo se ocupaba de perseguirlas penalmente, ayer los partidos políticos tuvieron tanto adeptos como detractores.

Se logró, pero la conquista no es de ninguno de ellos. No se debe admitir ninguna apropiación por ninguna persona o espacio partidario. Mucho menos por quienes callaron durante el tiempo que tuvieron un lugar de trascendencia para hacerlo realidad.

Ningún funcionario debe cometer la soberbia de atribuirse el mérito. No, funcionarios, la victoria no es de ninguno de ustedes.

La conquista de esta nueva libertad fue principalmente de todas las niñas y mujeres que quedaron en el camino, cuando solas tuvieron que decidir.

A todas ustedes, felicitaciones. Lo lograron.

(*) Catedrático de Derecho (UBA), abogado y Doctor en Derecho.