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No lo es porque, cuando otra jueza, María Servini de Cubría, allanó el diario «La Nación» hace un año, ADEPA (Asociación de entidades periodísticas Argentinas) lanzó una comunicación sobre «el cuidado y el apresurado accionar de los magistrados judiciales», para no afectar la libertad de prensa. Y la jueza Servini de Cubría, criticada y anestesiada para seguir el caso, no actuaba, como Jorge Brugo ahora, por un simple caso de eventual evasión en un impuesto. Lo hacía por presunta incorporación de capitales negros provenientes del narcotráfico en sociedades de un paraíso fiscal en el nivel societario de «La Nación». Hasta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -pese a la grave-dad de la acusación-fue movilizada para actuar contra la introducción de la Justicia en temas administrativos de un medio de prensa.
Es justo que las entidades periodísticas -nacionales e internacionales-alerten contra el accionar destemplado de la Justicia que por cuestiones contables o accionarias puede ahogar a un medio de prensa y trabar así la libertad de expresión, pero ¿por qué no en el caso de Héctor García?
Las entidades de prensa guardan injusto silencio, y desde el gobierno trasciende un mal que sería peor que la enfermedad: financiarían a un conocido grupo empresario para que compre al menos uno de los medios de prensa de Héctor Ricardo García para que éste pague.
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