Los investigadores del secuestro de Nicolás Garnil tuvieron tres oportunidades de detener a miembros de la banda que intentaron cobrar el rescate, pero no intervinieron a pedido de la familia del adolescente, según reveló ayer el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian. «Hubo, antes de que se hiciese el pago en el caso Garnil, otros -dos o tres-experimentales, y es cierto que en cada uno de ellos el personal policial pudo y además estuvo en condiciones de poder hacer una interceptación y frustrar el pago o detener a las personas», remarcó Arslanian.
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El ministro aclaró que se trató de una decisión judicial que respondió a un expreso pedido del familiar (encargado de pagar el rescate) para que no se ordenara ninguna acción que pudiese poner en riesgo la vida del chico. «A diferencia de otros casos, se pidió o se decidió no cortar el pago para no asumir este tipo de riesgos, de modo que yo quisiera poner a salvo esto porque me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, esto no es un déficit policial», concluyó Arslanian.
La decisión de capturar o no a los delincuentes en el momento en el que cobran el rescate es el eje del debate entre los expertos sobre cómo proceder en los casos de secuestros extorsivos.
Los defensores de los pagos sostienen que debe realizarse sin la intervención policial.
En tanto, especialistas en resolución de secuestros afirman que si el cobrador es detenido, los cuidadores de la víctima la liberan, ya que, perdido el «negocio» y con cómplices detenidos, lo único que les queda es asesinarla y correr el riesgo de ser juzgados también por homicidio calificado, o soltarla para huir.
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