27 de junio 2007 - 00:00
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En tanto, el ministro de Gobierno de Salta, Manuel Brizuela, dijo que "el Estado debe responder, pero en el marco de la ley" a los problemas de la gente y puntualizó que parte de los vecinos comprendidos por la medida de desalojo aceptaron abandonar el lugar.
Sin embargo "los demás decidieron permanecer acompañados por agitadores del Partido Obrero", indicó y resaltó luego que "gran parte de la comunidad respeta todas la normas de convivencia y urbanísticas, y lo que está haciendo la policía es cumplir con la ley".
El ministro indicó luego que numerosas familias fueron beneficiadas en los últimos años en la provincia, con la entrega de terrenos con los servicios necesarios para habitar dignamente.
Sin embargo los voceros de quienes permanecen en el asentamiento reclaman "garantías" de la Justicia contra el proceder de la policía y que el gobierno provincial se comprometa a brindarle una alternativa habitacional "concreta en lugar de las promesas que nos hacen para sacarnos de aca", señalaron.
En tanto, las autoridades judiciales y policiales reanudaron el diálogo con los pobladores del asentamiento poco después de las 15:00, en procura de alcanzar una solución pacífica ante la resistencia de un grupo de ocupantes del lugar a ser desalojado.




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