"Las policías no tienen comunicación entre sí"

«Este no es el único caso», justificó el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro al argumentar respecto de la liberación de Cristian «Hígado» Muñoz, uno de los delincuentes más buscados por ser el presunto autor de los secuestros de Gabriel Garnil, Cristian Ramaro y Echarri. Reconoció, además, el magistrado que muchos de los delincuentes que cometen actos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires buscan inmediatamente refugio en el interior del país amparados en el caos que reina en la Justicia argentina y en los policías locales respecto de la búsqueda y el seguimiento de delincuentes.

Las alarmantes declaraciones del juez Bustos Fierro ratifican la urgencia para que el gobierno nacional imponga el siempre prometido «mapa del delito» en consenso con los gobernadores.

Es que sólo las policías Federal y Bonaerense, y la Procuración de la Corte de la provincia de Buenos Aires cuentan con el Sistema de Identificación Automática de Huellas Dactilares, un poderoso sistema informático conocido por su sigla en inglés AFIS (Automated Fingerprint Identification System), que detecta una huella digital en cuestión de segundos.

Bustos Fierro liberó a « Hígado» Muñoz en una causa por tenencia de marihuana un día antes de que fuera secuestrado en La Horqueta, partido de San Isidro, el estudiante secundario Nicolás Garnil y cuando la Policía Bonaerense lo tenía sindicado como jefe de una banda de secuestradores. Muñoz fue internado en un hospital local donde se reponía de un accidente automovilístico que había protagonizado en Carlos Paz. El delincuente portaba documentación con una identidad falsa que pertenecía a un cordobés sin antecedentes penales y había tramitado el 15 de junio la licencia de conducir también con identidad falsa. «Este no es el primer caso que nos ocurre. Entre las policías de todo el país no existe comunicación de los hechos que se están investigando ni se ponen en contacto para hacer saber que se está buscando a determinada persona; no hay ningún sistema», argumentó el juez.

Mientras que el abogado defensor de Muñóz advirtió que su cliente no se presentará a la Justicia porque «no están dadas las garantías» para que lo haga.

Derechos Humanos para militares En la preparación de los contingentes de las Fuerzas Armadas que marchan al exterior en misiones de paz, es parte inevitable hacer el nuevo curso sobre Derechos Humanos.

Un primer curso se dictó en el Centro de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (Caecopaz, que depende del Estado Mayor Conjunto) en Campo de Mayo, creado en junio de 1995 para capacitar a los Cascos Azules que viajan al exterior en misiones de paz bajo el paraguas de la ONU. En la inauguración participó hasta el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, que no es un amigo de los militares por su insurgencia en los '70 y tampoco él está entre los predilectos de los uniformados.

En los casi diez años de funcionamiento del Caecopaz -la Argentina ha participado en misiones con más de 23.000 efectivos-, se ha convertido en un centro especializado al que concurren cuadros de las Fuerzas Armadas de varios países de América, ganando en prestigio.

En el caso del curso dictado sobre derechos humanos en Caecopaz, organizado por el Centro Lester Pearson de Mantenimiento de la Paz de Canadá, participó personal de las FF.AA. argentinas, brasileñas, chilenas y de Gran Bretaña; fuerzas de seguridad; de la Cancillería; del Instituto del Servicio Exterior de la Nación; de los Cascos Blancos; Universidad del Salvador; Fundación Católica Argentina; y Médicos del Mundo.

A la inauguración concurrió el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo (otro hombre jubilado de la insurgencia setentista).