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A cambio de ese subsidio, SW emplea al personal de la empresa estatal LAFSA, que no tiene operatoria propia. Los salarios de esos empleados también los paga el Estado. Son los cesantes de LAPA y Dinar para los que el gobierno de Eduardo Duhalde creó la empresa estatal, que luego fue continuada por la administración de Néstor Kirchner.
LAFSA podría ser interesante para algún inversor porque le fueron asignadas todas las rutas aéreas internas de alguna significación y no tiene deudas. Sin embargo, si LAFSA se vende sola, SW tendría problemas para mantenerse sin subsidio. Por otra parte, LanChilefue la única interesada en la aérea estatal, pero en el gobierno hubo resistencias a que el mercado de cabotaje se terminara repartiendo entre una empresa de capital mayoritario español ( Aerolíneas Argentinas) y otra de capitales chilenos.
SW es una empresa de capitales nacionales cuya mayoría pertenece a la familia de Juan Maggio, presidente de la línea aérea, mientras 30% pertenece a Corporación América del grupo Eurnekian. La empresa indicó sentirse «víctima de un delito», y se defendió afirmando que fue por iniciativa de los dueños que se inició la acción judicial.
No obstante, resulta llamativo que el juez Carlos Liporace, a cargo de la causa, no hizo lugar al pedido de la fiscal para indagar a Juan Maggio, aun cuando éste resultó virtualmente acusado por el gerente Arriete. También se rechazó la indagatoria del vicepresidente y apoderado de la empresa, Enrique Montero, quien viajó a Madrid en coincidencia con las valijas.
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