Las fuerzas de seguridad que operan en la provincia de Buenos Aires comenzarán esta semana a desplegar las nuevas medidas para combatir el delito, mientras el gobierno nacional estudia la creación de una base única de datos para reunir información sobre delitos complejos y a la que podrán acceder las fuerzas federales que tengan que investigar delitos complejos.
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La base de datos permitiría sistematizar información, por caso, de secuestros extorsivos, una de las modalidades delictivas complejas que pusieron luces de alerta sobre las políticas de seguridad de la Casa Rosada. El gobierno ya entregó 200 millones de pesos de un total de 600, para que la Secretaría de Seguridad, a cargo de Alberto Iribarne, ponga en funcionamiento el sistema y mejore las dotaciones de investigadores y fiscales que están a cargo del esclarecimiento de este tipo de crímenes. El proyecto está identificado con las siglas SURC (Sistema Unificado de Registro Criminales) y pretende conectar todas las bases de datos criminales existentes en las fuerzas policiales y de seguridad del país y de las fiscalías.
El sistema facilitará la investigación criminal desde el momento mismo de toma de la denuncia, y permitirá realizar un seguimiento en tiempo real caso por caso, con sólo operar el sistema. Además se prevé el enriquecimiento del sistema con software de cartografía digital para la confección de mapas del delito. Una vez interconectado el país, se le dará contenido al otrora proyecto NONARG (Nodo Argentino), de interconexión nacional, y cumplir luego el compromiso regional asumido de integrar dicha base al SISME del Mercosur. • Fase preliminar
Pero el gran inconveniente es que este proyecto se encuentra en su fase preliminar o «fase 0». Sólo están conectadas en red las 53 comisarías de la Capital Federal, aunque en la última semana 10 provincias accedieron a plegarse al sistema y en los próximos días lo haría Buenos Aires.
Hasta ahora, San Luis es una de las pocas provincias que ha avanzado velozmente en la utilización de tecnología como factor clave del desarrollo para las operaciones de las fuerzas de seguridad. De eso se enteró hace unos 10 días el ministro del Interior, Aníbal Fernández, en un seminario en el cual se presentó el modelo puntano que permite el uso de tecnología para hacer inteligencia criminal. Esa reunión tuvo como expositor a José Vicente Da Silva, un coronel retirado de la policía militar de San Pablo y ex secretario nacional de Seguridad de Enrique Cardoso.
Pero quien concitó toda la atención fue el inspector Raúl Curto Peruyero, jefe de los Servicios Centrales de la Comisaría General de Policía Científica (Dirección General de la Policía Española) que relató cómo a partir de una huella digital -obtenida entre los restos de un destrozado vagón de tren en la estación Atocha-se logró llegar hasta los autores del atentado de Madrid conocido como 11-M.
El sistema tardó 5 minutos en comparar la reseña dactilar levantada en el escenario del ataque terrorista con 16 millones de huellas digitales que existían en los registros españoles. La información llegó con la foto y los antecedentes penales del sospechoso, quien se suicidó cuando iba a ser detenido.
El método es conocido en el mundo como AFIS (Automated Fingerprint Identificación System) y también es utilizado por Estados Unidos por medio de una red que une a todos los departamentos de policía y le permite acceder a una base que reúne más 60% de la información mundial.
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