El miércoles, una Corte de conjueces fallará sobre la destitución de Antonio Boggiano. El veredicto pondrá fin al capítulo de la renovación del tribunal que inició Néstor Kirchner apenas asumió el poder.
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Posiblemente una mayoría de los jueces vote por respaldar la decisión que tomó el Senado el 28 de setiembre de 2005, cuando resolvió despojar al magistrado de su cargo en la Corte Suprema de Justicia. La convalidación de ese dictamen, sin embargo, trasciende «el asunto Boggiano».
La destitución del cortesano deja a Kirchner en condiciones de tener mucho más que una mayoría propia. Cuatro de los siete actuales ministros de la Corte fueron elegidos por el jefe de Estado.
Después del fallo de los conjueces, el Presidente tendrá la posibilidad de postular a otros dos jueces supremos para cubrir las sillas vacías de Belluscio y del propio Boggiano. Seis de los nueve ministros habrían sido designados por Kirchner en menos de tres años de gobierno.
La eventual -o casi segura- salida de Boggiano de la Corte Suprema ya no es un asunto del cuestionado magistrado, sino de los jueces y también de la gente que depende de una sentencia.
Precedente peligroso
Un fallo convalidando la decisión del Senado se convierte en precedente peligroso porque se está juzgando a los jueces por el contenido de sus sentencias. Sobre esto han advertido la Academia Nacional de Derecho y la Asociación de Magistrados.
Y se vienen temas importantes como el terrorismo o el aborto. Sobre ello puede dar cuenta la jueza de Menores Inés Siro. Dos diputadas -Diana Conti y Graciela Rossopidieron el juicio político de la magistrada porque consideraron que la jueza intervino en forma innecesaria para impedir el aborto a una joven con retraso mental víctima de una violación.
Los jueces se dicen con miedo a expresarse en forma distinta del gobierno porque en un Consejo de la Magistratura dominado por el oficialismo su defensa es casi nula. «Es mas fácil ser despedido que conservar el cargo.» La pregunta que surge es qué sucedería si una mayoría importante de los nueve conjueces que deben decidir el futuro de Boggiano hicieran un caso distinto y en vez de validar la destitución -como sucedió en el caso de Eduardo Moliné O'Connor- se pronunciaran en forma disidente respecto del Senado.
El conflicto adquiere toda su dimensión en un juicio de trascendencia económica o social para el país que le importe al Ejecutivo. De este modo gana lo que diga el gobierno a través de la Justicia. Es decir, las empresas o el hombre común quedan a merced de una resolución que no le corresponde a un juez, sino a otro poder del Estado.
Mal síntoma
Al respecto, es un mal síntoma institucional que la Corte no falle sobre casos, sino que haga declaraciones políticas sobre temas como las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el Riachuelo o las jubilaciones. Sobre este último punto hay jubilados que sostienen que se les denegó justicia porque la Corte no resolvió el recurso de Adolfo Badaro. Lo único que hizo fue fijar una política («que haya movilidad», algo que ya dice la Constitución nacional), pero dejó todo en manos del Congreso. Es decir, la resolución del caso Badaro depende de la razonabilidad de los legisladores que, obviamente, van a hacer lo que quiera el Presidente.
Del caso Boggiano está pendiente no sólo el gobierno, sino la propia Corte Suprema, que no ha dejado de enviar señales a los jueces que deben fallar sobre el eyectado ministro. No es casual que varios de los nuevos integrantes del tribunal le reclamen al gobierno que ocupe «las dos vacantes». En rigor, no hay dos vacantes sino una, la de Belluscio. La otra silla le sigue perteneciendo a Boggiano, por lo menos hasta el miércoles al mediodía (los ministros de la Corte deberían saberlo).
Proclamar esto podría malinterpretarse como un mensaje a los conjueces para pronunciarse contra Boggiano, con lo cual estos nueve magistrados hoy presidentes de cámaras federales del país habrían perdido la necesaria imparcialidad.
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