Una corte de conjueces sentó ayer en nombre del Tribunal Supremo un peligroso antecedente para el control político de los jueces. Lo hizo al convalidar la destitución del ministro Eduardo Moliné O'Connor que votó el Congreso en diciembre pasado a pedido del gobierno. El fallo le reconoce al Parlamento la facultad de revisar las actuaciones de los jueces por el contenido de sus sentencias. Es decir, consagra un nuevo tribunal al que hasta podrían acudir quienes no estén de acuerdo con una sentencia de la Corte: está en la primera cuadra de Entre Ríos, sede del Congreso de la Nación. Además, deja en firme que ese exclusivo y definitivo juicio no sea revisable judicialmente. Deberán tomar nota ahora los jueces, porque la resolución de ayer prácticamente cierra las puertas a futuros reclamos de este tipo. Ahora, el único recurso que le queda al destituido juez es pedir una revisión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Seis conjueces se pronunciaron por rechazar el recurso presentado por el ex juez supremo en el que cuestionó la decisión del Senado de apartarlo de su cargo por «mal desempeño» en sus funciones.
La resolución significa sentar una doctrina en la Corte, por la cual se reconoce la existencia de una nueva instancia, constituida por el Congreso y el Consejo de la Magistratura, que podrá revisar la actuación de los jueces por el contenido de su sentencia.
No es un dato menor:
Quienes defendieron esta filosofíaafirman que la reforma de la Constitución de 1994 le dio un carácter netamente político, tanto a la designación como a la destitución de un ministro de la Corte. Y, mientras ha politizado a la Justicia, también ha judicializado a la Justicia misma.
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