En una nota publicada el pasado domingo en el diario «Perfil» se encontró que el estudio jurídico dirigido por el actual procurador general de la Nación, Esteban Righi, defiende y ha defendido a funcionarios kirchneristas en causas de supuesta corrupción. Según «Perfil», Righi consiguió que absolvieran al mismísimo Néstor Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. Actualmente, representa a Julio De Vido, Alberto Fernández, Alberto Iribarne y Guillermo Moreno. Sin embargo, a ese diario se le ha olvidado algo muy importante cuando, refiriéndose a Daniel Carral como el letrado defensor del actual ministro de Justicia, que lo defiende en la causa AMIA, omitió que este mismo personaje había sido el primer abogado de Carlos Telleldín, a quien la SIDE supuestamente le pagó u$s 400.000 para encubrir pistas del caso.
Esteban Righi fue designado por Néstor Kirchner, su primer cliente pingüino. Consiguió que absolvieran al Presidente en una causa por enriquecimiento ilícito. Desde que fue nombrado al frente de la Procuración General de la Nación, su estudio asumió la defensa de miembros del circuito K. Su hijo, esposa y dos socios representan, entre otros, a Julio De Vido, Alberto Fernández y al ministro de Justicia, Alberto Iribarne. Su último cliente vip: Guillermo Moreno.
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Ganó prestigio internacional como defensor de presos y perseguidos políticos durante su exilio en México, donde se refugió después de pasar por el Ministerio del Interior de Héctor Cámpora. Pero no fueron sólo esas credenciales las que llevaron al jurista Esteban Justo Antonio Righi al cargo de la Procuración General de la Nación. El jefe de los fiscales nacionales se ganó el reconocimiento de sus promotores, el matrimonio Kirchner, ejerciendo su defensa en 2003 en una causa sobre enriquecimiento ilícito durante su paso por la gobernación santacruceña. Desde ese momento, su estudio de abogados acumula la representación legal de funcionarios públicos y de jefes sindicales acusados de cometer actos de corrupción.
Ejemplo
El Estudio Righi, ahora sin la presencia del fundador, está integrado por Federico Righi, hijo del procurador, su segunda esposa, Ana García, y sus socios: Fabián Musso y Daniel Carral. Ellos cuatro se ocupan de conseguir que la Justicia absuelva a aquellos delitos que el mismo gobierno dice que está decidido a perseguir. Algunos ejemplos. Sólo algunos:
En febrero de 2004, el ARI impugnó el pliego para la designación de Righi aduciendo que él había patrocinado al sindicalista José Rodríguez (SMATA) en la causa en la que se investigan las desapariciones de trabajadoresde la fábrica Mercedes-Benz en los 70. Entonces, Righi rechazó la acusación al afirmar que sólo le había solicitado al fiscal un certificado sobre el estado del expediente. Lo cierto es que la relación entre el procurador y el cuestionado sindicalista no se limitó a ese «certificado». El estudio de Righi lleva adelante la defensa de Rodríguez en tres causas diferentes, todas por presunta defraudación a la obra social del sindicato, que suman un perjuicio para los afiliados de 12 millones de dólares.
Una semana antes del último aniversario del atentado a la mutual AMIA, el Presidente recibió en la Casa Rosada a representantes de la comunidad judía. Kirchner les prometió que iría «a fondo para descubrir la verdad, se llame Menem o Corach» para determinar las responsabilidades del «encubrimiento de los terroristas». La principal pista que tiene ese expediente es el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín por parte de la SIDE, que comandaba Hugo Anzorreguy. Musso, socio de Righi, lleva adelante la defensa de Anzorreguy.
En ese mismo expediente también se averigua la actuación del actual ministro de Justicia, Alberto Iribarne, que era el viceministro de Interior de Carlos Corach cuando ocurrió el atentado. A Iribarne lo representa el otro socio, Daniel Carral. El funcionario también fue investigado en la causa que imputó a funcionarios de los 90 el cobro de sobresueldos. La misma suerte corrió su jefe político y ex compañero de cátedra de Righi, Alberto Fernández. En esa causa los representóMusso.
Después de que la Cámara Nacional en lo Penal Económico desplazó al entonces juez Carlos Liporace de la investigación del caso de las «valijas voladoras» de Southern Winds, los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura impulsaron su juicio político. Lo acusaron de «notable arbitrariedad», «claro desconocimiento de la ley» y «falta de imparcialidad». En calidad de defensor, Federico Righi le acercó un escrito al consejero Carlos Kunkel solicitándole que aplazaran la audiencia donde destituirían a Liporace. En el tiempo que ganó, el magistrado consiguió que el Presidente le aceptara su renuncia. Así, no perdió su jubilación.
El juez federal Claudio Bonadío investigó las supuestas irregularidades cometidas durante la venta de YPF. En esa causa fue imputada Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido y síndica general de la Nación. Ella integró el directorio de la petrolera entre 1996 y 1999. La defendió el Estudio Righi. Fue absuelta en julio de 2006.
El círculo de la Justicia K se repite en el caso de Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, el cliente vip más nuevo del Estudio Righi. El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga el accionar del funcionario en la supuesta manipulación de datos del INDEC. El fiscal Carlos Stornelli ya pidió su indagatoria y su par, Manuel Garrido, le pidió a Righi que le prohíba a Moreno el ingreso al edificio del INDEC. El procurador impulsó la medida y al mismo tiempo su socio Musso asumió la defensa de Moreno. El juez denegó, por ahora, el pedido de indagatoria.
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