Con la apresurada partida de Jorge Urso, Néstor Kirchner tomó el control de siete de los doce juzgados federales. Antes de que lleguen las elecciones se habrá asegurado de haber instalado en Comodoro Py otros tres nuevos jueces más, al menos ésa es la apuesta. La depuración también alcanzará otro fuero: el penal económico. En rigor, esos tribunales van camino a la desaparición. No son del agrado de los funcionarios que residen en Balcarce 50.
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La embestida contra esos magistrados fue activada en el Consejo de la Magistratura. El impulsor de la «limpieza» es Carlos Kunkel, el mismo que gestó la acusación contra Urso y luego la retiró cuando el juez federal presentó su renuncia.
El primer candidato al juicio político es Guillermo Tiscornia. El juez superó dos veces la destitución. En una fue repuesto por el Senado y en otra el Consejo de jueces no tuvo los votos necesarios para impulsar su enjuiciamiento.
El martes, la Magistratura volvió sobre Tiscornia y por unanimidad decidió citarlo para el 5 de octubre para que dé explicaciones sobre dos casos. Lo acusan de supuesto mal desempeño por cuestionar resoluciones de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.
Pero el verdadero sentido de la imputación contra el juez estaría en el conflicto que mantiene con una multinacional de juegos de azar que lo acusó de pedir coimas para cerrar una causa. Se trata de un grupo español que también estaría siendo investigado por presunto lavado de dinero, contrabando y evasión fiscal en otros juzgados federales.
Tiscornia sostiene al igual que los dos anteriores juicios políticos que «se trata nuevamente de una clara maniobra desestabilizadora». Según el juez, las motivaciones para atacarlo están retroalimentadas desde las conexiones políticas vinculadas a la gestión «vaciadora y fraudulenta» del ex director de la Aduana Juan Carlos Delconte, así como también en el caso del entorno del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, por el solo hecho de haber dictado el procesamiento de Gustavo Parino.
El cuestionado magistrado consideró que la imputación de haber « desobedecido» o cuestionado la decisión de sus superiores ya tiene un mal antecedente. Al respecto, señaló que la «relación de enemistad manifiesta» con el Tribunal de Alzada es de larga data y de análogo corte con aquella que tuvo como protagonista a otro juez renunciante: Julio Cruciani. Tiscornia recordó que en dos ocasiones (1991 y 1995) la Cámara pretendió, «sobre la base de forzados reproches», la remoción de Cruciani, iniciativa que no prosperó.
«Está claro que es lo que realmente se esconde detrás de esta nueva embestida: el insistentey obstinado propósito de la Cámara de desalojarme de mi cargo, luego de 32 años de trayectoria», dijo el juez.
Según sostuvo, el «propósito desestabilizador» adquiere mayor notoriedad luego de la denuncia de cohecho promovida por el grupo empresarial español.
«Quien pretende acusarme de coimero es ese mismo grupo empresarial, siendo del caso señalar que uno de sus principales ex accionistas fue condenado en Arizona, EE.UU. a quince años de prisión por conspiración fraude y soborno», denunció Tiscornia.
Y remató: «Está claro que un juez que tenga la desafortunada ocurrencia de condenar a Delconte, procesar a Parino o investigar gigantes empresariales que explotan juegos de azar, recibirá la correspondiente 'devolución de gentilezas'».
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