¿Qué tipo de socialismo sueña el nuevo Chávez?

Hugo Chávez ganó categóricamente las elecciones del domingo último, pero ya dio indicios de ignorar que cerca de la mitad de Venezuela no comparte el giro socialista que, afirmó, pretende dar a la economía en su próximo mandato. La oposición emergió de las urnas con casi 40% de los votos, y hay que tener en cuenta también que 25% de los empadronados no concurrió a votar, algo que difícilmente pueda considerarse como un apoyo a su gestión. Según él, el voto por su candidatura fue un aval a su proyecto socialista, aunque, más bien, se basó en la gigantesca política populista y clientelista que montó en los últimos años, de la mano del auge petrolero. Dispuesto a avanzar en su proyecto socialista, prepara una reforma constitucional que no sólo consagrará la reelección a perpetuidad. También rasgos inquietantes en lo económico, como la limitación del derecho de propiedad y de la libre competencia, el control estatal de los precios y de las ganancias de las empresas, la imposición de «contribuciones parafiscales» y una activa expropiación de tierras. A continuación, los principales tramos de un interesante artículo de la periodista Mayela Armas H. publicado ayer en el diario «El Universal».

La reforma de la Constitución que adelantará el Ejecutivo nacional contemplará una estructura que abarcará la ampliación de poder popular, dándole mayor asidero a los consejos comunales, y la formación de un modelo productivo social. Y en ese nuevo esquema se evitará la centralización de capital, de manera que se regularán las ganancias de las empresas y se buscará la competencia justa.

Carlos Escarrá, vicepresidente de la Comisión de Política Exterior y quien encabezará la reforma constitucional, expresa que «la Carta Magna debe adaptarse al nuevo modelo de sociedad que se ha definido, el Presidente ya ha dicho que existe otra estructura de Estado». En ese marco, adelanta los ajustes que tendrá el instrumento.

Uno de los cambios se hará al régimen socioeconómico. El parlamentario asegura que «se pasará de una economía neoliberal a una social. El objetivo es incluir parte de las estructuras que se han constituido en los últimos años».

Propiedad

En los trazos que se están realizando del futuro marco se analizan dos modalidades de propiedad. La primera es la propiedad colectiva, que implica la entrega, por ejemplo, de tierras a un grupo para que se encargue de su desarrollo, tal como se realiza con las etnias.
La segunda es la propiedad social, que prevé incluir la nueva estructura de empresas mixtas, empresas de producción social, cooperativas de segundo grado, procesos de cogestión.

Las empresas mixtas se desarrollarán en aquellos sectores en los cuales el Estado tiene el dominio de la materia prima. «El Estado se asociará con las empresas de producción social y con las empresas privadas, ellas están invitadas a participar en este proceso. Pero el Estado definirá las reglas».

Las empresas de producción social serán las otras estructuras que recibirán el apoyo del Estado, y su mayor peso lo tendrá la «fuerza del trabajo».

A su juicio, la propiedad individual se respetará. «Si se quieren tener tres casas, que se tengan, siempre y cuando las posea sin ayuda del Estado, que esas casas se tengan por el esfuerzo de las personas».

Competencia justa

La centralización del capital será regulada. La Asamblea ya tiene un proyecto de ley de antimonopolio, antioligopolio y la competencia justa, y parte de los postulados de ese texto estarán en la reforma constitucional.

Escarrá explica que se tiene que «cambiar el concepto de libre competencia por uno de competencia justa». Por tal motivo se regulará «el acaparamiento, la usura y los precios depredatorios». La intención es sancionar a aquellas empresas que cometan usura.

Las ganancias del sector privado no escaparán del control. Para el diputado, «las ganancias se tienen que obtener sobre la base de precios justos». Aunado a las regulaciones se prevé incrementar las contribuciones parafiscales (pagos por regímenes), aunque no dio más detalles de cuáles serían los aportes adicionales. Sin embargo, insiste que se tiene que contribuir más.

La lucha contra el latifundio, expresa, se mantendrá. «Si las tierras se mantienen productivas, no habrá problemas con el Estado, dado que más allá de la soberanía se busca la seguridad alimentaria. Pero si las tierras están ociosas, el Estado seguirá actuando».

Otro de los ajustes se efectuará a las formas organizativas del Estado, con lo cual se realizaría una revisión de los municipios. Por tal motivo se incluirá a los consejos comunales en el texto, de manera que haya más participación del poder popular.