El gobierno del Reino Unido autorizó la explotación del yacimiento de gas Jackdaw, ubicado en el mar del Norte, en medio del aumento de los precios de la energía por el conflicto en Medio Oriente. La decisión busca reforzar el abastecimiento nacional, incrementar la producción de hidrocarburos y aliviar la presión sobre los hogares y las empresas, aunque reavivó la controversia por los compromisos ambientales del país.
El proyecto se encuentra a unos 240 kilómetros al este de Aberdeen, en Escocia, y podría aumentar cerca de un 6% la producción nacional de gas en su punto máximo. Según las estimaciones oficiales, la explotación aportaría 2.900 millones de libras, equivalentes a unos u$s 3.970 millones, a la economía británica.
Jackdaw busca reforzar el suministro energético británico
La autorización llega en un contexto de encarecimiento del costo de vida. Una semana antes de presentar sus presupuestos, el Gobierno enfrenta una nueva presión económica después de que la inflación trepara al 3,5%, impulsada por el incremento de los precios de los combustibles.
El primer ministro laborista, Andy Burnham, defendió la iniciativa y sostuvo que permitirá preservar empleos y garantizar el abastecimiento energético durante los meses más fríos. El proyecto tiene una vida útil estimada de hasta 11 años y, según el Ejecutivo, el gas podría comenzar a llegar a los hogares y comercios a finales de octubre.
El proyecto podría incrementar aproximadamente un 6% la producción británica de gas en su punto máximo.
El Gobierno también destacó que la iniciativa contribuirá a fortalecer la seguridad energética del Reino Unido en un escenario internacional marcado por la volatilidad de los precios y las tensiones geopolíticas.
La decisión reabre el debate por los compromisos ambientales
La aprobación de Jackdaw tiene un peso político particular porque el Partido Laborista había prometido no conceder nuevas licencias de perforación en el mar del Norte antes de llegar al poder en 2024. Sin embargo, esa política permite avanzar con proyectos que ya contaban con permisos previos, como ocurre con este yacimiento, autorizado en 2022 durante el Gobierno conservador y posteriormente involucrado en una prolongada disputa judicial.
La explotación estará a cargo de Adura, una empresa conjunta creada por la noruega Equinor y la británica Shell. Ambas compañías participan en el desarrollo de este yacimiento y en otras actividades vinculadas con el sector energético.
Pese a las críticas, el Ejecutivo sostiene que mantiene su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y continuar impulsando las energías renovables. No obstante, considera que los hidrocarburos seguirán siendo necesarios para cubrir una parte de la demanda durante las próximas décadas.
"Por eso estamos adoptando un enfoque pragmático respecto al mar del Norte", señaló Burnham para justificar la continuidad de la actividad gasística.
El Gobierno británico mantiene su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.
Diario de Navarra
El Gobierno también anunció un fondo ecológico
En paralelo a la autorización, el Ejecutivo anunció la creación de un fondo de transición ecológica de 2.000 millones de libras, equivalentes a unos u$s2.668 millones. El programa se financiará con ingresos procedentes de los hidrocarburos extraídos en el mar del Norte y apunta a respaldar el proceso de transformación energética.
La iniciativa busca compatibilizar la explotación de recursos fósiles con los objetivos ambientales del país, en momentos en que el aumento de los costos energéticos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica británica.
Otro proyecto que espera una definición oficial es Rosebank, un yacimiento principalmente petrolero ubicado al oeste de las islas Shetland. Al igual que Jackdaw, atravesó una disputa judicial y política por su desarrollo, aunque tiene un volumen mayor y requeriría más tiempo para comenzar a operar.
A diferencia del gas de Jackdaw, el petróleo extraído de Rosebank no se incorporaría directamente al mercado británico. La decisión sobre su futuro será otro indicador del rumbo que adoptará el Gobierno frente a la tensión entre el abastecimiento energético y sus compromisos climáticos.