El juez rechazó el pedido de la cadena de panaderías y abrió un proceso para que terceros puedan intentar adquirir la empresa. Los últimos informes judiciales revelan cómo evolucionaron sus ventas, sus deudas y la cantidad de empleados antes del cierre.
La madrugada del 2 de octubre, la empresa comunicó a sus empleados por WhatsApp que cerraba todos sus locales y pediría su propia quiebra.
El cierre de todos los locales de Pandanés y la decisión de sus dueños de pedir la quiebra parecían marcar el final de la cadena de panaderías. Sin embargo, una resolución judicial abrió la posibilidad de que la empresa pase a manos de nuevos propietarios, aunque por ahora no existe ningún comprador confirmado ni perspectivas concretas de reapertura.
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El Juzgado Nacional en lo Comercial N°15, a cargo del juez subrogante Pablo Daniel Frick, rechazó el pedido de propia quiebra presentado por la compañía el 2 de octubre y dispuso la apertura de un procedimiento de salvataje empresario. La medida permite que acreedores, inversores y hasta una eventual cooperativa integrada por trabajadores intenten adquirir la sociedad mediante un acuerdo con sus acreedores.
La decisión llegó una semana después de que Pandanés bajara las persianas de sus 20 locales y comunicara a su personal que dejaría de operar. La firma, que durante sus años de mayor expansión había alcanzado las 25 sucursales, se encontraba en concurso preventivo desde fines de 2025 y había agotado, según sus propios directivos, las alternativas para sostener la actividad.
El magistrado consideró que la solicitud de quiebra no podía prosperar en esta instancia porque correspondía aplicar el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. Ese mecanismo, conocido como cramdown, permite que otros interesados presenten propuestas a los acreedores y, si consiguen las conformidades necesarias, adquieran las participaciones sociales de la empresa.
La resolución establece que el procedimiento debe llevarse adelante aun cuando la compañía haya dejado de funcionar. De hecho, el juez sostuvo que resulta indiferente si la empresa está o no en marcha, ya que el salvataje constituye una instancia legal que debe agotarse antes de avanzar hacia la quiebra.
Para eso, ordenó abrir un registro de interesados durante cinco días, contados desde la publicación del último edicto en el Boletín Oficial. Podrán inscribirse acreedores, terceros y una cooperativa de trabajo que eventualmente conformen los empleados de Pandanés.
La resolución también introdujo cambios en el manejo de la sociedad. Aunque la gerencia continuará en funciones, la sindicatura deberá participar de las decisiones administrativas y presentar informes cada 15 días. El objetivo es preservar los activos mientras se desarrolla el procedimiento.
Si ninguna propuesta consigue prosperar, la Justicia podrá avanzar con la declaración de quiebra.
La resolución se conoció junto con nuevos datos sobre la situación económica de Pandanés. La sindicatura presentó un informe correspondiente a junio y julio de 2026, que permite conocer cómo funcionaba la compañía apenas unos meses antes de dejar de operar.
Las ventas brutas alcanzaron los $413,9 millones en junio y los $404,7 millones en julio, cifras que reflejan que la cadena todavía mantenía un nivel significativo de facturación. Sin embargo, el volumen de actividad no alcanzaba para resolver los problemas financieros que arrastraba desde el año anterior.
Durante junio, la empresa registró ingresos totales por $420,2 millones y egresos por $409,2 millones. En julio, las entradas fueron de $434,7 millones, frente a salidas por $412,5 millones. Estos movimientos incluyen operaciones de caja y aportes de capital, por lo que no equivalen a resultados operativos.
Los gastos de julio muestran el peso de la estructura que debía sostener la compañía: $147,6 millones en remuneraciones, $80,4 millones en pagos a proveedores, $49,5 millones en alquileres y $34,7 millones en servicios.
Los socios también continuaron inyectando fondos para mantener la actividad. En julio, la sociedad danesa Pandanés A.P.S. realizó un aporte de u$s20.000, que se sumó a otros u$s29.500 integrados en marzo.
La cantidad de empleados, mientras tanto, había comenzado a reducirse. Según la sindicatura, Pandanés contaba con 128 trabajadores en junio y 117 en julio, lejos de la dotación de más de 150 personas que había llegado a tener durante su etapa de crecimiento.
Otro frente de conflicto era el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales. La compañía había incorporado a planes de pago $96,9 millones por aportes y contribuciones de junio y $49,2 millones correspondientes a julio, ambos con financiación en 18 cuotas.
Aun así, la sindicatura advirtió que faltaban constancias de cancelación de determinadas obligaciones y reclamó que se regularizara la situación. El Gobierno porteño también intervino en el expediente para solicitar que la empresa acreditara su adhesión a un plan de facilidades de AGIP, trámite que no había podido verificar.
Los argumentos presentados por Pandanés para solicitar su quiebra permiten entender por qué una empresa que todavía facturaba cientos de millones de pesos mensuales terminó cerrando.
En el escrito firmado por su socia gerente, Lise Lundme Funch, la compañía explicó que el deterioro comenzó a profundizarse durante la segunda mitad de 2023, cuando el retroceso del consumo empezó a afectar las ventas y los márgenes del negocio.
"El sector de la panificación atraviesa en nuestro país una crisis profunda y estructural, que se ha traducido en el cierre masivo de establecimientos y en una retracción generalizada de la demanda", sostuvo la firma ante la Justicia.
Según sus cálculos, la caída de la demanda superó el 50% de sus volúmenes históricos. Pero el problema no se limitó a vender menos: también debía sostener una estructura diseñada para un negocio mucho más grande.
En noviembre de 2022, Pandanés había puesto en marcha una planta industrial de 1.778 metros cuadrados en Barracas, preparada para abastecer hasta 50 sucursales. La inversión respondía a un plan de expansión que nunca llegó a concretarse en esa escala.
Con el cierre progresivo de puntos de venta, la fábrica quedó con una capacidad productiva muy superior a la necesaria. "La capacidad instalada quedó sensiblemente sobredimensionada respecto de la demanda actual", reconoció la empresa, que siguió afrontando gastos de energía, alquiler, mantenimiento y personal pese a la menor producción.
A esa dificultad se agregaron los aumentos de la harina, los salarios y los servicios, además del encarecimiento del financiamiento. La firma explicó que no podía trasladar completamente esos costos a los precios sin profundizar la pérdida de clientes.
Pandanés intentó renegociar contratos, reducir gastos, modificar su oferta comercial y cerrar sucursales deficitarias. Sin embargo, los ajustes no fueron suficientes.
"Sin embargo, aquellas expectativas se vieron frustradas", señaló al referirse a las posibilidades de recuperación que había depositado en el concurso preventivo.
Finalmente, admitió que la situación había llegado a un punto irreversible. "La compañía advierte la imposibilidad de continuar operando", expresó en el expediente, antes de concluir que "no existe a la fecha otra alternativa que peticionar su propia quiebra".
Pandanés nació en 2016 de la mano de la emprendedora danesa Lise Lundme Funch, quien comenzó elaborando pan artesanal en una cocina alquilada de San Telmo. Con el tiempo, el negocio creció hasta convertirse en una cadena con presencia en distintos barrios porteños y una planta industrial propia.
La expansión, sin embargo, también dejó una estructura de costos difícil de sostener cuando comenzaron a caer las ventas.
En noviembre de 2025, la compañía se presentó en concurso preventivo y declaró un pasivo de $1.218,9 millones frente a activos por $2.206,6 millones. Entre sus principales acreedores figuraban Banco Galicia, con préstamos por $430,7 millones, y ARCA, con $385,3 millones correspondientes a planes de pago.
El proceso concursal no consiguió encauzar las obligaciones y, el 2 de octubre, la empresa anunció el cierre de todos sus locales. Esa misma mañana formalizó ante la Justicia el pedido de quiebra.
Ahora, el expediente ingresa en una etapa distinta: antes de decidir la liquidación, la Justicia deberá determinar si existe algún interesado capaz de alcanzar un acuerdo con los acreedores y asumir el control de Pandanés.