Amenaza real de embargos

Un domingo de 2002 en Basilea, el entonces presidente del Banco Central almorzaba con el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos. Amigo de la Argentina y trabajador incansable, éste propuso diseñar un plan para salir del default que llevaba varios meses. La Argentina pagaría 2 mil millones por año a una baja tasa de interés: la deuda sería dividida entre una parte que amortizaba y otra que devengaba y refinanciada automáticamente (equivalente a una cláusula «open-end», que significa mantener el valor nominal y agregar más cuotas), hasta salir del problema. Si crecía el PBI, una parte de deuda devengada se trasladaba a deuda amortizable. El valor presente, computando las tasas de interés vigentes, era 25% del total.

De regreso a Buenos Aires, el funcionario se presentó en Olivos, donde lo aguardaba el presidente de la Nación y el ministro de Economía. Ambos le señalaron que era el Congreso quien debía disponer sobre el tratamiento a seguir con la deuda.

Pero «pagar 25%» quedó en el ministro como objetivo político. Cuando Kirchner ganó la elección y el ministro continuó en funciones, no fue el Congreso sino un decreto de necesidad y urgencia el que dispuso refinanciar, disfrazando el vacío legal mediante el ardid de enviar una ley para disponer que quien no aceptara voluntariamente la quita no cobraría nunca, prohibiendo cualquier nueva negociación.

No se trataba de un problema «de caja», sino «de política», señalando al mundo que el comportamiento argentino de cumplir con sus obligaciones -que se encontraba en todos los prospectos de emisiónhabía muerto. Ahora se pagan las consecuencias.

La emisión de papeles argentinos en los mercados de capital «voluntarios» ocurrió demasiado pronto como para que el mundo no se percate de un nuevo ardid, que aparenta el éxito de una colocación inexistente. Fueron principalmente las AFJP y la banca oficial quienes suscribieron la emisión, porque no tuvieron más remedio.

• Excepción

Para permitir la suscripción «desde afuera», el BCRA debió dictar el lunes una norma (Com. A-4515) exceptuando de los límites de compra de dólares (Com. A-3722) a quienes invirtieran «en suscripción de bonos estatales». Pero sus funcionarios temieron que la excepción permitiera a cualquier arbitrista violar las disposiciones cambiarias (aunque últimamente no sirvan para nada) y emitió un nuevo comunicado 48.496 para amenazar a quien mediante compras y ventas de bonos cometa «infracciones presuntas al régimen penal cambiario». Ante la confusión que puede originar cualquier ley penal en blanco, el BCRA emitió un nuevo comunicado 48.498, señalando que jamás había pasado por su mente obstruir la colocación primaria de títulos.

Entidades privadas que podrían haber adquirido BONAR cambiando de portfolio no creyeron oportuno suscribirlos por si acaso, para no irritar funcionarios, lo cual significó una magra oferta, y para colocar toda la emisión el gobierno debió aceptar un incremento en la tasa del orden de 100 puntos básicos (un punto porcentual) por encima de Brasil y Uruguay, desmintiendo la propaganda oficial de que el riesgo argentino es menor. No podría serlo, si aún debemos enfrentar juicios por casi u$s 30 mil millones, mientras el gobierno revoca concesiones y afronta nuevos juicios que impactarán sobre la caja estatal durante el plazo de vigencia del nuevo bono.

La peor de las sorpresas llegaría horas después, por el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de New York, al revocar un fallo del juez Thomas Griesa y declarar embargables fondos que constituían la garantía de los bonos Discount y Par emitidos en el Brady. Cualquier calificador observará no sólo la posibilidad fiscal de cumplimiento, sino las amenazas legales que se ciernen sobre el emisor.

Ahora los funcionarios idearán nuevas estrategias para colocar las reservas argentinas a salvo de las leyes, siempre dentro de la lógica de esconderse de las consecuencias. Una vez más, Santos Vega y Martín Fierro versus Alberdi.