Colegio Público de la Abogacía: un presupuesto escandaloso en tiempos de crisis

La gestión de Ricardo Gil Lavedra aprobó un esquema de gastos desmedido en medio de una de las peores momento que atraviesa el sector.

El Colegio Público de Abogados: polémica por el presupuesto oneroso.

En un contexto de crisis y recesión que golpea con especial crudeza a la profesión abogadil, el oficialismo ha decidido avanzar con un presupuesto que insulta el sentido común. En la sesión de la Asamblea de Delegados se aprobó un esquema de gastos que no solo es desmedido, sino que también desatiende las urgencias de un sector que atraviesa una de sus peores crisis en décadas.

Quienes votamos en contra del mismo expusimos con claridad las incongruencias y excesos de la planificación oficialista. Se observa una distribución de recursos que prioriza estructuras burocráticas innecesarias, sueldos desproporcionados y erogaciones difícilmente justificables en el actual contexto económico.

En la era de la virtualidad, el CPACF mantiene cuatro edificios sobre los cuales gasta en seguridad privada y servicios de limpieza, entre otras cosas. ¿Quiénes se benefician con esas licitaciones? Las pagamos los abogados de a pie.

Hoy el Colegio de la Abogacía de la Capital Federal se encuentra gobernado por políticos que se disfrazan de abogados y utilizan como botín electoral los recursos que recaudan de los miles de abogados que salimos todos los días a ganarnos el pan.

Mientras los abogados independientes luchamos para sostener nuestros estudios, afrontamos el deficiente funcionamiento judicial, la inseguridad jurídica (consecuencias del Fallo “Levinas”) y las ilegales regulaciones de honorarios, el presupuesto aprobado parece diseñado para beneficiar a unos pocos privilegiados del aparato institucional. El Colegio hoy está puesto al servicio de los partidos políticos y alejado de las necesidades de los colegas que verdaderamente ejercen la profesión.

No es menor el hecho de que este presupuesto se haya aprobado sin el debate profundo que la situación amerita. La falta de transparencia de la gestión de Gil Lavedra y la premura con la que se despachó el proyecto (que el oficialismo se niega a desglosar) evidencian una estrategia de consolidación del poder en detrimento de quienes deberían ser los verdaderos beneficiarios de una administración responsable y eficiente.

Si algo queda claro tras esta votación, es que el oficialismo ha decidido darle la espalda a la realidad. En lugar de priorizar la asistencia a los abogados en dificultades, reducir costos superfluos y optimizar recursos, se optó por un presupuesto que parece diseñado para sostener una estructura que no responde a las necesidades de la profesión.

Es urgente que la comunidad abogadil y la sociedad en su conjunto exijan explicaciones y medidas correctivas. No se puede permitir que en un momento de tanta fragilidad económica se destinen fondos de manera discrecional y ajena a las verdaderas prioridades. La crisis no es excusa para el despilfarro, y mucho menos para la indiferencia ante quienes más lo necesitan.

*- Nauel Altieri es abogado, presidente de Abogados del Fuero y profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.