22 de mayo 2008 - 00:00

El gobierno debería ceder lo que no puede conservar

Luis D’Elía
Luis D’Elía
Hernando de Soto se pregunta en «El misterio del capital» por qué hay naciones cuyo crecimiento y ahorro son tan disímiles. La respuesta es que los países desarrollados han logrado «papelizar» su riqueza intrínseca. Los mercados no transan en chanchitos y en vaquitas, sino en títulos de propiedad de chanchitos o vaquitas. Para financiar la producción, los mercados a término arbitran precios entre oferta y demanda, y los mercados de capital se limitan a adquirir papeles calificados. Perder la calificación de «relievable» para los mercados a término es bastante fácil, como la Argentina con sus bonos. Recuperar la calificación es otra cosa.

El gobierno ha reaccionado acusando a los dirigentes agropecuarios poco menos que de Frankenstein. Supone que los grupos CREA inventan historias de mercados perdidos como excusa, que muy pronto deberán ponerse de rodillas ante príncipes o princesas, porque deberán vender su cosecha para sobrevivir, y ahí les aplicarán las retenciones, mientras la Presidente convoca a las asociaciones de bancos para pedirles restringir el crédito al consumo, que cree aislado del financiamiento de la producción. El enfrentamiento ha costado bastante más que un ministro de Economía, que para el gobierno era descartable: costó una corrida bancaria que en las dos últimas semanas ha arrasado con 3% de los depósitos en las principales entidades privadas (lo cual desfinancia el consumo), y con la disponibilidad de cajas de seguridad para guardar los dólares comprados. Es más, en el sur no se han vendido más divisas por un problema logístico: los aviones no pueden transportar billetes por la ceniza volcánica, y las transportadoras de caudales se niegan a llevarlos por los cortes de ruta y la falta de gasoil. La caída de depósitos y la consecuente suba de tasas de interés y restricción del crédito implicarán un traslado a precios más rápido, mientras las principales ciudades del interior están paralizadas y con la cadena de pagos muy resentida. La receta oficial para matar una liendre en el pelo parece ser una escopeta.

La Casa Rosada cree que la estrategia es debilitar la institución presidencial, y no se le ocurre que nadie les cree más. Según Edmund Burke, el pueblo no renuncia nunca a sus libertades sino bajo el engaño de una ilusión. Pero lo peor parece recién empezar, a la luz de las desopilantes declaraciones de los «líderes sociales» como Luis D'Elía y otros de similar coeficiente intelectual, azuzados por un gobierno que proyecta la imagen de un hormiguero bajo una estampida de búfalos. Es una obra de enredos, que no se parece al Hamlet de Shakespeare, aunque recuerda la revolución norteamericana adaptada a un programa cómico.

La mayoría de las revoluciones se han iniciado por alguna estupidez que comete un gobierno para tratar de remediar un problema de caja, contra el cual el Estado ejerce su regulación de impuestos. Sin embargo, en Norteamérica, en 1765, no había un problema financiero, salvo cuando los barcos que compraban los productos de las colonias se demoraban. No había un tren bala que pagar (aún hoy no existe ese servicio entre Boston y Nueva York), pero el gobierno británico se las arregló para crear un conflicto innecesario. La Ley del Timbre de 1765 y las Townshend Acts de 1767 hicieron que los colonos se disgustaran por la decisión real de imponer impuestos a las colonias sin previa consulta en el Parlamento de Westminster. «No taxation without representation».

John Hancock y su abogado John Adams organizaron un boicot contra el té proveniente de China vendido por la Compañía Británica de las Indias Orientales: la venta en las colonias cayó de 145 toneladas a 240 kilos, y nueve colonias se reunieron como congreso sobre la Ley del Timbre y protestaron contra el nuevo impuesto. Los comerciantes se negaron a vender productos británicos, los distribuidores de timbres se vieron amenazados por la muchedumbre enardecida y la mayoría de los colonos sencillamente se negó a comprar los sellos. La respuesta del Parlamento británico fue crear una serie de regulaciones (las « leyes intolerables») como la Ley de Alojamiento, decretó impuestos al té y a otros productos y envió funcionarios aduaneros a Boston a cobrar aranceles junto con soldados algo más instruidos que las tropas de D'Elía. En 1773 la Compañía tenía grandes deudas, enormes stocks de té en sus depósitos y ninguna perspectiva de ventas. El gobierno británico aprobó la Tea Act (Ley del Té), que le permitió vender té a las colonias sin pagar ningún arancel en Gran Bretaña, a cambio de pagar el arancel estadounidense, que era mucho menor, a precios menores que los ofrecidos por los colonos. Hubo protestas en Nueva York, Filadelfia y Boston. En noviembre de 1773, el HMS Dartmouth llegó a Boston con un cargamento de té; Samuel Adams arengó a una multitud iniciando una serie de asambleas de protesta, que decidieron desacatar no sólo al Parlamento británico, sino también al gobernador Thomas Hutchinson, quien se desesperaba por la ceguera de Londres. El 16 de diciembre, la asamblea en la Old South Meeting House de Boston reunió unas 8.000 personas, que enviaron 150 disfrazados de indios y tiraron el té al agua el 16 de diciembre de 1773, iniciando el proceso que culminaría con la Declaración de la Independencia. En el Acta de la Independencia, imputaban al rey Jorge III de haber «creado una enorme cantidad de nuevas oficinas, y enviado enjambres de funcionarios para acosar a nuestra gente y absorber su sustancia». Parece Kirchner. Edmund Burke dijo que «si hay algún criterio eminente que distinga un gobierno sabio de otro débil e imprevisor, es saber elegir el mejor momento y la mejor forma de ceder lo que es imposible conservar. Los gobiernos deben considerar la sabiduría de una reforma adecuada, efectuada a tiempo. Las reformas tempranas son arreglos amistosos con un amigo que detenta el poder. Las reformas tardías son términos impuestos al enemigo conquistado. Las reformas oportunas se hacen apaciblemente, en tanto que las reformas tardías se imponen en estado de irritación. En ese estado de cosas, el pueblo no reconoce nada respetable en el gobierno. Sólo ve el abuso y nada más. Pasa a ser un grupo enardecido por los desórdenes de una casa de mala fama. No trata de corregir o regular, sino que pone manos a la obra en la forma más simple; demuele la casa para acabar con la molestia». Afortunadamente, el campo aún propone, aunque no disponga.

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