Apuro

Aunque faltan casi dos meses para comenzar su segundo mandato, Aníbal Ibarra está más apurado que nunca por dos urgencias. Una es lograr que la actual Legislatura le vote el Presupuesto 2004 en el cual tiene previstos gastos que no le querrán autorizar los nuevos legisladores, donde hay ocho del trotskista Luis Zamora que vienen con el No escrito en la frente. La otra es para que el Tribunal de Justicia de la Ciudad autorice la integración del nuevo cuerpo de auditores, que son quienes controlarán su próxima gestión. Al margen de esto, aparece un elemento incontrolable: entre los 60 legisladores elegidos debe sortearse una mitad que sólo ocupará sus bancas durante dos años para permitir la renovación por mitades que manda la Constitución.

La Justicia de la Capital Federal analiza en estas horas si anula, por irregular, una votación de la Legislatura porteña en la que se designaron los nuevos miembros de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, organismo encargado de controlar las cuentas del gobierno y entes descentralizados. De esa manera la Justicia estaría vetando una resolución del cuerpo legislativo, que algunos consideran un avance sin precedentes.

La sesión en cuestión se realizó el 1 de julio pasado para nombrar a un presidente de la Auditoría y 6 auditores adjuntos, los cuales, de acuerdo con la Constitución se reparten proporcionalmente entre los bloques, siendo el titular del organismo de la primera minoría opositora al gobierno porteño.

Aníbal Ibarra reclama la designación de un auditor que, según la demanda judicial debe quitarle a la UCR. Si los jueces resuelven a favor del pedido que considera inconstitucional la sesión, la nueva composición del organismo quedaría para la próxima Legislatura que asumirá el 10 de diciembre, tras la elección del 24 de agosto pasado.

Legisladores de diferentes bloques pidieron la intervención del Tribunal Superior de Justicia porque consideran que la proporcionalidad no se respetó y que el cupo de dos auditores que obtuvo la UCR en realidad debe repartirse con Fuerza Porteña, la alianza de Ibarra, que quedó con un solo representante. La UCR contó más legisladores que el Frente Grande, pero no se habría tenido en cuenta la conformación del bloque Fuerza Porteña, que como tal contaría entonces con 14 bancas contra las 11 de la UCR, según una de las demandas presentada por el ARI.

•Argumentación

Sin embargo, para formular esa observación en la demanda se argumenta que la sesión habría sido irregular, porque antes de la misma juró un nuevo diputado, el justicialista Fabián Valle para integrarse al peronismo tras el éxodo de legisladores que obtuvieron cargos en el gobierno nacional. Esa jura, dicen, se apresuró para que el PJ tuviera suficientes votos para nombrar al titular del organismo pero además con acuerdo de votar a los dos radicales. Otra observación que hacen en el pedido a la Justicia es que el diputado Jorge Srur, quien participó de la sesión, ya estaba nombrado en la gerencia del PAMI y creen que tendría que haber renunciado al comenzar el debate y no posteriormente.

El ibarrismo insiste así con la idea de quitar un representante a la UCR, lo que podría suceder, ya que en la anterior Auditoría fue el PJ el que demandó judicialmente contra el entonces bloque de Gustavo Béliz y logró el cambio para incorporar un miembro del peronismo. En la jugada, que fue anterior a la elección porteña, la tropa de Ibarra no reparó en que si todo se cayera la nueva composición de la Legislatura no le favorecería. Sería el bloque de Mauricio Macri, convertido en primera minoría opositora el que obtendría la presidencia y dos auditores más, pero también el nuevo bloque trotskista de Luis Zamora reclamará un auditor que le correspondería.

En cambio, el radicalismo que tendrá una sola banca perdería los dos representantes que tiene hoy en el organismo de control.

De todas maneras, si el trámite judicial se postergara y se ordenara finalmente una nueva votación, la elección debería hacerse sobre los 15 propuestos en su momento.

De aquella sesión se consagraron Matías Barroetaveña (PJ) como titular del organismo y Alicia Boero (PJ), Josefa Prada (PJ), Rubén Campos (UCR), José Giusti (UCR), Nicolás Corradini (Ibarra) y Vicente Brusca (ex titular, ahora propuesto por el macrismo) como adjuntos.

El Tribunal hizo lugar a la demanda y corrió traslado a la Legislatura porteña y al procurador de la Ciudad de Buenos Aires, quienes deben responder dentro de los 30 días, el 10 de octubre.