CAC y CAME alertaron por proyecto de doble indemnización

Las principales cámaras empresarias salieron alertar sobre la pérdida de puestos de trabajo al tiempo que rechazaron la ley que impulsa la oposición que pide la doble indemnización en caso de despidos. La CAME aseguró que ya son más de 120.000 los puestos de trabajo perdidos en lo que va del año y cuestionó la política económica y las tasas de referencia del Banco Central. En tanto la CAC calificó como resulta inoportuno y falto de fundamento" el proyecto para frenar los despidos y por su parte, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) reclamó al Estado "políticas activas" y alertó a los legisladores a evitar iniciativas que "podrían convertirse en un remedio peor que la enfermedad".

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que ya son más de 120.000 los puestos de trabajo perdidos en lo que va del año, aunque rechazó la posibilidad de implementar la doble indemnización. En el mismo comunicado, cuestionó la política económica y las tasas de referencia del Banco Central.

"Más de 120.000 despidos han provocado una fundamentada preocupación de Senadores y Diputados de la Nación que obliga a buscar alternativas para detener ese flagelo en el sector público y privado y que afecta a los trabajadores y a miles de familias argentinas. Pero en esa búsqueda, hay que dimensionar que en el sector privado, y especialmente en las pequeñas y medianas empresas, esa situación ocurre por la caída en los niveles de producción provocada por la retracción en la demanda de consumo, por la casi nula demanda de inversión, por las aceleración de la inflación, y por las altísimas tasas de interés del mercado", sostiene CAME.

Y remata: "En esas condiciones, implementar la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las Pymes, especialmente en las más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas".

Para la entidad, "las empresas no pueden operar en una economía donde el Banco Central fija tasas de referencia del 38%. Las Pymes se están financiando al 70% anual o más, transfiriendo cotidianamente hacia el sistema financiero y especulativo una masa de recursos que deberían ir a la producción y al empleo". Además, afirma que "hay empresas que no pueden resistir un ajuste tarifario brusco como el que se hizo. Entendemos que la energía es un recurso escaso y el ajuste era necesario, pero se hizo en forma brutal, sin gradualismo, dejando a muchísimas empresas mal paradas". Y que "los empresarios enfrentan una presión fiscal inédita, que asfixia y desincentiva a todo".

"Ciertamente que estamos viendo un aumento preocupante en los niveles de despidos, que estimamos arriba de los 120 mil en lo que va del año. Las Pymes en cambio, están resistiendo todo lo que pueden a sus trabajadores. Resisten a pesar de los problemas serios que enfrentan. Resisten a pesar que todos los días vemos como cierra alguna nueva industria o comercio en el país, y en esa situación, la doble indemnización traería más problemas que soluciones". 

El comunicado de CAME concluye: "La Argentina debe dejar de pensar en analgésicos para calmar el dolor sin tratar el problema. Lo urgente es reactivar la economía, y para eso hay que bajar las tasas de interés, implementar incentivos fiscales para impulsar la inversión y el empleo en las Pymes, y agilizar los procesos para mejorar la liquidez de la empresa y darle mayor capacidad de respuesta frente a la crisis actual".

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) manifestó que "resulta inoportuno y falto de fundamento" el proyecto para frenar los despidos "ya que, si bien existe una emergencia económica, en modo alguno se ha extendido al ámbito laboral de tal modo que justifique modificar los institutos existentes, sin lesionar la situación social del país".

"Si bien los problemas económicos generalmente se proyectan con consecuencias negativas en materia de empleo, no serán precisamente las inoportunas medidas de prohibición de despidos las que contribuirán a solucionar las dificultades, sino que, por el contrario, agravarán las mismas", sostuvo CAC.

Agregó: "Aun cuando se reactive firmemente la economía, en virtud del ingreso de un flujo de inversiones, si existe una prohibición para el empleador de despedir difícilmente lo alentará a incorporar personal aun cuando por las razones antes mencionadas se torne necesario hacerlo".

En sintonía con lo expresado por la otra cámara, CAC expresó que "se debe agregar que los índices de litigiosidad y conflictividad seguramente se elevarán sensiblemente generando así una situación peor que aquella que se quiere evitar".

"Por todas las consideraciones expuestas es que esta entidad, en nombre del sector empleador que representa, siendo el más numeroso del país, considera inconveniente el avance de proyectos de ley sobre dicha materia", remató.

En tanto, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) emitió un comunicado donde considera "necesario que el Estado aplique "políticas activas" destinadas a paliar la situación, pero llama a diputados y senadores a evitar avanzar con iniciativas que podrían convertirse en un remedio peor que la enfermedad".

"Es necesario tener en cuenta que en el sector privado, y especialmente las pequeñas y medianas industrias, existe una fuerte caída en los niveles de producción provocada por la retracción del consumo y las altísimas tasas de interés del mercado", amplió.

La UIPBA considera que cualquier iniciativa que impulse una doble indemnización podría derivar en niveles alarmantes para las PyMES, especialmente en las más pequeñas, que provocaría el cierre definitivo de muchas, explican.

Sobre el final alerta, además, que el ajuste tarifario se viene aplicando en forma muy dura y eleva los costos de las pymes a la estratósfera. "Entendemos necesario un Estado presente para poder reactivar la economía, bajar las tasas de interés e implementar incentivos fiscales destinados a potenciar la inversión y el empleo", concluye.