El gobierno de Javier Milei consiguió avanzar con su agenda legislativa en la Cámara de Diputados, donde obtuvo la aprobación de cuatro proyectos durante una extensa sesión. Sin embargo, uno de los principales cambios se produjo en la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorporó la restitución de la ley de Tierras sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y ahora deberá regresar al Senado.
Cómo sigue la ley de Tierras después de la sesión de Diputados
La Cámara baja modificó la iniciativa impulsada por el Gobierno y mantuvo las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto obtuvo media sanción, pero deberá regresar al Senado para su aprobación definitiva.
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Diputados aprobó la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La iniciativa, promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recibió 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones en la votación general. El resultado permitió al oficialismo avanzar con una reforma que modifica distintos aspectos del régimen de propiedad privada, aunque con diferencias respecto del texto que había recibido media sanción en la Cámara alta.
El cambio más significativo fue la incorporación de un artículo que restablece la ley de Tierras 26.737, aprobada en 2011, que establece restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de personas y empresas extranjeras. La normativa fija un límite del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales, con alcances y condiciones definidos por la legislación.
La restitución representó una modificación sustancial de la propuesta original del Ejecutivo, que buscaba eliminar esas limitaciones. Por ese motivo, el proyecto deberá ser nuevamente analizado por los senadores antes de convertirse en ley.
Por qué Diputados restituyó la ley de Tierras y qué deberá resolver el Senado
El debate sobre la ley de Tierras comenzó durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado, donde el oficialismo encontró resistencias para avanzar con la derogación de la normativa sancionada durante el kirchnerismo.
En aquella oportunidad, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, debió retirar el capítulo que eliminaba las restricciones a la extranjerización de terrenos rurales ante la falta de respaldo parlamentario. Finalmente, el proyecto consiguió la aprobación por 37 votos afirmativos contra 33 negativos.
Sin embargo, durante su tratamiento en Diputados, la propuesta incorporó una nueva modificación: la derogación del apartado del DNU 70/2023 que había dispuesto la eliminación de la ley de Tierras.
De esta manera, la Cámara baja aprobó un mecanismo legislativo que busca restablecer expresamente la vigencia de la normativa de 2011 y mantener las limitaciones sobre la propiedad rural extranjera.
La modificación también respondió a las negociaciones entre el oficialismo y sectores de la oposición. Algunos legisladores que acompañaron el cambio sostuvieron que respaldar esta redacción podría evitar un eventual veto presidencial sobre la restitución de la ley.
El respaldo al artículo referido a la ley de Tierras fue considerablemente más amplio que el obtenido por el proyecto general, ya que reunió 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones.
Entre quienes rechazaron esa disposición estuvieron dos diputados tucumanos vinculados al gobernador Osvaldo Jaldo, el salteño Pablo Outes, cercano a Gustavo Sáenz, y la neuquina Karina Maureira, alineada con Rolando Figueroa. Por su parte, se abstuvieron los cuatro representantes del Frente de Izquierda, la diputada Marcela Pagano y Mónica Frade, de la Coalición Cívica.
Ahora, el Senado deberá pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por Diputados. Al tratarse de una iniciativa que ya había recibido media sanción en la Cámara alta, la aprobación de una versión diferente impide que el texto sea enviado directamente al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Qué cambia con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Más allá de la discusión sobre la extranjerización de tierras rurales, la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones, desalojos y protección de la propiedad privada.
Durante el debate, el diputado oficialista Santiago Santurio, miembro informante del proyecto, explicó que uno de los objetivos consiste en modificar los procedimientos de expropiación para que "hagan el menor daño a la propiedad privada".
En ese sentido, el texto establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva", lo que busca delimitar los supuestos bajo los cuales el Estado puede avanzar con una expropiación.
También contempla el reconocimiento del lucro cesante dentro de las indemnizaciones cuando constituya una "consecuencia directa e inmediata de la expropiación".
Otro de los cambios establece un plazo máximo de 90 días para la ocupación temporánea anormal, una figura que permite al Estado utilizar determinados bienes bajo circunstancias específicas.
En materia de desalojos, el proyecto amplía la posibilidad de solicitar estas medidas a "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". Asimismo, contempla un plazo de hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional cuando el procedimiento involucre a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.
Las críticas de la oposición y el cambio de postura del oficialismo
La restitución de la ley de Tierras provocó cuestionamientos de distintos bloques opositores, que señalaron las diferencias entre el proyecto originalmente promovido por el Gobierno y la versión finalmente aprobada.
El diputado de Unión por la Patria, Diego Juliano, recordó que el Ejecutivo había intentado eliminar las restricciones a la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros. "Han vuelto a la ley del peronismo", expresó durante su intervención, antes de cuestionar la política original del Gobierno: "Pusieron a la Argentina en venta al 100%".
Por su parte, el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que la propuesta inicial del Ministerio de Desregulación incluía modificaciones sobre otras normativas vinculadas con la propiedad y el uso del territorio.
“Pretendían llevarse puesta la ley de Tierras, la ley de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares en la Argentina y la ley de Manejo del Fuego. Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro Sturzenegger. No porque el gobierno haya entrado en razones, sino por los cuestionamientos institucionales, judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”, manifestó.
En la misma línea, la diputada Paula Penacca, de La Cámpora, cuestionó que el oficialismo terminara respaldando una disposición que el presidente había intentado derogar. "La Libertad Avanza va a estar levantando la manito a favor de una ley que su Presidente quiso hacer pelota", afirmó.
El cambio legislativo se produjo después de que la Corte Suprema interviniera en la discusión judicial vinculada con el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la ley de Tierras. A partir de ese escenario, sectores opositores habían convocado una sesión para avanzar con el rechazo del decreto y dejar sin efecto la derogación de la normativa.
Sin embargo, el oficialismo acordó con bloques aliados incorporar la restitución de la ley dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esa negociación permitió desactivar la convocatoria opositora y trasladar la discusión al tratamiento de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.
