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En 1919, el primer presidente argentino electo por voto universal y secreto, Hipólito Yrigoyen, enfrentó un problema similar que culminó en «la semana trágica», con muertos, sorprendentes tiroteos nocturnos a comisarías y huelgas salvajes. La anarquía en Buenos Aires, con un país mucho más rico que ahora, que se encaminaba a ser el sexto del mundo en desarrollo menos de una década después.
Que es un tema más que difícil -no sólo para el gobierno, aunque éste empeore las circunstancias-lo muestra que los críticos de la violencia piquetera saben hoy describirla y estigmatizarla pero no proponen soluciones. Cuando el crítico evoca encuestas obvias -no de las falseadas sino de las serias, como la de la Universidad de Belgrano que da 76% de rechazo ciudadano al accionar actual piquetero y del gobierno- es que demuestra desconcierto. Es no ver que hay soluciones pero que este gobierno, este especial gobierno que hoy tiene la Argentina, no puede aplicarlas.
Es la cruel realidad del momento nacional que puede llegar a un desborde mayor que tomar 9 horas una comisaría, invadir un edificio del Ejército -y no para protestar por el desempleo, algo que no tendría sentido en ese patio de armas-, violentar edificios privados o intimidar y golpear a transeúntes, aparte de negarles su derecho a circular.
Sin sus otros complejos -por empezar el natal-, el gobierno puede utilizar fuerzas de seguridad apenas antitumultos como cualquier país del mundo. Cuerpos policiales especiales con escudos plásticos, sin armas de fuego, con gases lacrimógenos o paralizantes, camiones hidrantes, las modernas armas de 12 wats que obnubilan al activista violento pero no lo hieren, la disuasiva Policía Montada como en Nueva York (aunque aquí a la jueza Servini de Cubría le haya parecido «barbarie» su empleo en diciembre de 2001), perros amaestrados y otras formas no sangrientas.
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