Para el oficialismo porteño, que es Juntos por el Cambio, se trata de una "ampliación de derechos" para los vecinos de la Ciudad, mientras que para la oposición consiste en "una aberración jurídica". Lo cierto es que hoy, JxC llevará al recinto de la Legislatura porteña un proyecto de ampliación de las facultades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Corte del distrito, para que sea una instancia de apelación en causas que, dentro de la geografía porteña, se tramitan en fueros nacionales, ya que la totalidad de justicia no ha sido traspasada al distrito.
Compete, al fuero comercial, el civil, el laboral y parte del penal, que tiene como última instancia de apelación a la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a los procedimientos nacionales. La novedad sería que antes de llegar a la Corte Suprema, las causas podrían ser revisadas por el TSJ.
La enmienda validaría algo que ya ocurrió y donde el TSJ no logró, por ahora, su propósito.
Así, el oficialismo incorporó modificaciones a artículos de la Ley 402 para facultar al TSJ para revisar las sentencias de los juzgados nacionales.
Casos
En ese sentido se mencionan al menos dos causas en las que intervino el TSJ -sin ley que lo autorizara, revocando decisiones de las Cámaras nacionales. Una es la del Correo Argentino que involucra a las empresas del clan Macri. La otra, una demanda de la familia León Ferrari por la venta de unas obras del artista.
El Tribunal porteño se entrometió en la causa por el concurso de acreedores del Correo Argentino que viene tramitando en el fuero Comercial nacional, en momentos en que la Justicia de Primera Instancia estaba en condiciones de declarar la quiebra de la empresa. Los demandados pidieron la recusación de la magistrada a cargo, lo cual rechazó la Cámara y luego el TSJ de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, jueces de otra jurisdicción, revocó esa decisión.
El Procurador general de la Nación, Eduardo Casal, inclusive opinó en contra de esa intervención de la Corte porteña. Se manifestó en el caso conocido como "Levinas", el referido a la demanda de los familiares de Ferrari contra Gabriel Levinas, cuando el TSJ decidió dejar sin efecto una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones y ésta se negó a tomar en cuenta esa decisión.
Como la causa llegó a la Corte, los jueces pidieron la opinión de la Procuración que sostuvo que “no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil”.
Debate
De esa manera, el oficialismo llevará el proyecto que, con votos propios puede aprobar en el recinto de la Legislatura porteña sin necesidad de aliados. Aseguran que se trata de equiparar los procedimientos con los que se llevan en las provincias.
El titular de la Comisión de Justicia, Martín Ocampo (UCR-Evolución) del interbloque Vamos Juntos explicó a este diario que la iniciativa se trata de "una ampliación de derechos".
Ocampo, quien fue Ministro de Justicia de la Ciudad, sostuvo que "el proyecto pone a los argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires en la misma situación de acceso a la justicia que los que viven en cualquier provincia de la argentina , cuando un tucumano quiere hacer valer sus derechos tiene antes de ir a la Corte Suprema de la Nación la posibilitad de ir a la Corte Suprema de su provincia y luego ir a la CSJN , cosa que los porteños no podían, tenían que ir directamente a la CSJN, cesa lo discriminatorio y se fortalece el federalismo".
Oposición
En cambio desde el Frente de Todos, la legisladora Claudia Neira, integrante de la Comisión de Justicia consideró que "el oficialismo disfraza esta aberración jurídica de una supuesta defensa de la autonomía y de las competencias de la Ciudad. Debo decir que en mi carácter de abogada primero y legisladora he sido una ferviente defensora de la autonomía local y esto está muy lejos de esa reivindicación. Lo que busca el oficialismo porteño es conseguir un control político-jurídico sobre determinadas causas judiciales, al darle al TSJ la posibilidad de tener la última palabra sobre recursos que provienen de juzgados nacionales. Se parece más a un gesto de Horacio Rodríguez Larreta para salvar a Macri, dándole una herramienta que le permitiría seguir demorando el proceso judicial en el caso del Correo Argentino".
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