Este jueves se cumplen los tres meses que el Gobierno nacional estableció como fecha límite para la revisión de más de 24.000 contratos de empleados estatales que ingresaron a la función pública en los últimos dos años de la gestión del kirchnerismo. En estos momentos, miles de ellos viven momentos de preocupación ante la falta de certezas sobre su continuidad laboral, según comentaron representantes gremiales a ámbito.com.
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"El proceso de revisión no está claro. Como el decreto dice que los contratos se rescinden o se renuevan y hay muchas dependencias dónde la renovación no está llegando, esperamos que haya un problema de orden administrativo y no que se esté pensando rescindir todos aquellos que no están renovados", explicó Luciano Fernández, secretario gremial ATE Capital, explicó en diálogo con este medio.
Esos contratos son cerca de 25.000 y vencen el 31 de marzo. Los sindicalistas estiman que al menos 8.000 trabajadores serían cesanteados, pero no tienen definiciones de parte del Ministerio de Modernización, que comanda Andrés Ibarra.
Fernández comentó que "los augurios no son buenos", al recordar que se produjeron en los últimos días nuevos despidos en varias áreas como la Superintendencia del Seguro AFSCA, la Biblioteca Nacional, entre otros. Además, denunció "arbitrariedades" para aplicar las bajas.
"La situación es de mucha angustia, hay un pésimo trato con el trabajador, básicamente porque no hay una comunicación clara. Hay arbitrariedades a la hora de despedir", afirmó Fernández. Y agregó: "Le que le estamos exigiendo al macrismo que garantice los puestos de trabajo, porque esos puestos de trabajo no solo mantienen un hogar, sino que garantizan derechos en la población". Asimismo, marcó como "paradójico" que en medio de esta situación "la planta de Gabinete, hacia fines de febrero, aumento 25%".
El referente de ATE Capital ratificó que el 30 de marzo, un día antes del vencimiento de los contratos, denunciarán la situación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que esperan sea acompañada por las dos facciones de la CTA, que conducen Hugo Yasky y Pablo Micheli. Asimismo, el 31 realizarán un paro y movilización al Ministerio de Modernización.
"Exigimos la continuidad de todos los que fueron injustamente despedidos y la renovación de todos los que se encuentran con la posibilidad cierta de quedarse sin trabajo", bramó Fernández, quien aseguró que sólo en Capital ya fueron despedidos 9.000 trabajadores nacionales desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri.
En diciembre pasado, a menos de dos semanas de haber asumido la gestión, el Gobierno anunció la revisión de los 24 mil contratos de empleados firmados entre 2013 y 2015 y del resto de los 64.000 que vienen desde 2001. Para los incluidos en el primer caso, se les extendió la continuidad laboral por tres meses, mientras que al resto por un año, para analizar su situación particular. Para el segundo grupo el plazo de gracia es hasta fin de año.
Al hacer el anuncio, Ibarra había informado que los contratos serían "analizados y ver la viabilidad de los mismos" y en caso de encontrar que no cumplen función, "cesar automáticamente".
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