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Este actual proceso electoral desde ya no fue impuesto por la sensatez política, que no la hay suficiente como para superar en el país el conjunto de desmedidas ambiciones personales de sus hombres públicos, con la quizás única excepción de Carlos Reutemann. La elección se tornó ineludible como salida a una crisis económica extrema.
Extrema pero no suficiente como para hacer ceder en sus posiciones egoístas a muchos políticos.
Se arrancó la etapa con sueños de «no votar más listas sábana», que disimulan a los ineficientes; de reformar la Constitución nacional para volver al Colegio Electoral; de reducir el Senado. Se proponían leyes para bajar el costo de la política vía menos escaños en todos los niveles. Hasta el actual presidente -comenzando a mostrar sus apetencias quedantistas en cuanto al poder- insinuaba un cambio tan profundo que implantaría por primera vez en América el régimen parlamentario tipo europeo. Se pretendía por ese atajo -totalmente inadecuado en países americanos en desarrollo, díscolos y necesitados de ejecutividad- el aprovechar más legisladores en el Congreso. Que la provincia de Buenos Aires, o en realidad unos cuantos intendentes justicialistas con mentalidad muy particular, se erigiera en República central con una serie de provincias satélite alrededor y que no abandonara más el po
De todas aquellas fantasías de cambiar las aberraciones políticas tradicionales se derivó a algo pequeño pero que sonó valioso: ley electoral sancionada para obligar a democratizar y abrir oportunidades con figuras nuevas en los partidos políticos con elecciones internas abiertas y simultáneas que serán el 24 de noviembre próximo. Pero a la ley el mismo Duhalde le vetó un artículo aparentemente intrascendente aunque era su gran sustento democrático: decía que debía hacerse con padrones «diferenciados», o sea los generales separados de los de afiliados a partidos.
Se hizo una parodia de discusión en la Casa Rosada con jueces federales (ver nota aparte) y el presidente de la Nación donde quedó claro el desprecio a la voluntad de los ciudadanos. Allí se ratificó que «no había tiempo» de elaborar padrones de afiliados a partidos separados del padrón general de ciudadanos «independientes». Ya el veto había sido dispuesto antes de esa reunión. Los jueces electorales creyeron que fueron a opinar. En realidad dentro de la trama, sólo fueron llevados a convalidar el plan en marcha porque era obvio lo que iban a decir: con los escasos medios actuales en la Justicia no tienen posibilidades materiales de llegar a noviembre realizando «padrones diferenciados». Jamás se les ofrecieron más medios para hacerlo. Es lógico, no conviene al plan bonaerense.
La fantasía de una gran reforma política en la Argentina derivó así, por «falta de tiempo», a una encerrona como será esta «interna» de noviembre y, por el mismo camino, su derivación a la posibilidad de una elección presidencial condicionada a los candidatos, por lo menos del justicialismo, que al actual gobierno le interesen.
¿Consecuencia? Se puede proclamar otro presidente de la Nación con pies de barro en marzo, algo que sólo ahondaría los problemas de la gente.
Porque los decretos de convocatoria que -con alarmante fruición por todo lo antidemocrático-anunció el monopolio «Clarín» el sábado (el lector lo puede ver en
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